Familiares de presos políticos en Caracas denunciaron que su protesta fue infiltrada por una mujer que no tiene a ningún ser querido encarcelado. La maniobra, según relataron, buscó desviar la atención de una jornada marcada por el reclamo de libertad para los detenidos por razones políticas.
El caso quedó además rodeado de una acusación más grave: una investigación señala que Jorge Rodríguez se aprovechó de la condición de discapacidad de la mujer. En un país donde el poder ha convertido la manipulación y el montaje en herramientas de control, ese episodio vuelve a dejar al descubierto la brutalidad con que el aparato oficial intenta torcer una denuncia legítima.
La protesta de los familiares partía de una realidad conocida por todos los venezolanos: presos políticos que siguen tras las rejas y parientes que deben exponerse públicamente para exigir justicia. La entrada de una figura ajena a ese drama, en medio de un reclamo tan sensible, apunta a una operación calculada para contaminar el mensaje y proteger a quienes sostienen la represión.
El episodio también exhibe el uso político de personas vulnerables como parte del juego propagandístico del régimen. Cuando el poder necesita disfrazar su responsabilidad, recurre a la puesta en escena, al fraude moral y a la desfiguración del sufrimiento ajeno. En esa lógica, la protesta de las familias queda convertida en blanco de una maquinaria que no tolera ni siquiera el dolor de los suyos cuando ese dolor incomoda al poder.
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