El régimen cubano metió en la Gaceta Oficial una nueva carga contra los bolsillos de una población ya castigada por salarios miserables, inflación y escasez: quienes reciban viviendas estatales podrán pagar hasta el 20% de sus ingresos durante un plazo que puede llegar a 30 años. La medida, aprobada por el Consejo de Ministros el 14 de marzo de 2025 y publicada de forma oficial el 4 de febrero de 2026, aterriza sobre un país donde conseguir techo digno sigue siendo una carrera de resistencia.
La norma abre la puerta a que las viviendas construidas por el Estado, o las que queden disponibles en manos de los gobiernos municipales, se asignen en propiedad, arrendamiento o usufructo. Todo queda atado a la “capacidad de pago” del beneficiario y al orden de prioridad establecido por la propia maquinaria burocrática del sistema. En un país donde la crisis habitacional arrastra a miles de familias entre derrumbes, albergues y casas en ruinas, el discurso oficial vuelve a colocar el acceso a la vivienda bajo la lógica del cobro, la espera y el control.
En los casos de propiedad, el pago se hará en cuotas mensuales que no superen el 20% del salario del titular. El plazo puede alargarse hasta tres décadas, en dependencia de la edad y la situación económica del beneficiario. El texto también deja claro que el adelanto de pagos será posible, pero advierte que el incumplimiento “injustificado” se resolverá según la legislación vigente, una fórmula que abre la puerta a sanciones y a la pérdida del derecho sobre la casa.
Para quienes ni siquiera puedan soportar ese descuento, el régimen contempla el arrendamiento con un pago equivalente al 10% del salario, siempre que el 20% resulte imposible sin “sacrificar necesidades básicas”. Y en los casos más duros, la entrega se hará en usufructo, una figura que no concede propiedad y que se reserva para quienes no puedan asumir “ninguna deducción” de sus ingresos. Si más adelante mejoran sus ingresos, podrán pedir un cambio de estatus y pasar a un esquema de compra, descontando lo ya abonado.
La decisión llega en medio del colapso del fondo habitacional cubano. El déficit sigue cerca del millón de viviendas, con cientos de miles por construir o rehabilitar, mientras los derrumbes se repiten en La Habana y en otras provincias como parte de la rutina nacional. El propio régimen ha admitido la gravedad del problema, pero su respuesta vuelve a cargar sobre la población el peso de una crisis que el Estado ha sido incapaz de resolver.
También se enlaza con regulaciones previas sobre las llamadas viviendas vinculadas a centros laborales estatales. En esos casos, la transferencia de la propiedad exige haber pagado 180 mensualidades, equivalentes a 15 años, además de cumplir requisitos laborales y legales. Ahora el marco se extiende a las viviendas estatales en general y fija plazos todavía más largos, una condena financiera en un país donde el salario oficial apenas alcanza para sobrevivir unos días.
El Gobierno presenta la medida como una flexibilización, pero en realidad consolida otra barrera para el cubano común. Con sueldos hundidos, dependencia de remesas y un mercado informal que sostiene a gran parte de los hogares, pagar una casa estatal durante 30 años suena más a una trampa que a una solución. El régimen sigue administrando la escasez como si fuera política pública y convierte el derecho a vivir bajo techo en otra factura imposible.
Sé el primero en comentar