El régimen cubano ha dado otro paso en la dolarización dirigida de la economía: aprobó un nuevo sistema para administrar, controlar y asignar divisas, junto con el Decreto-Ley 113, que regula las operaciones en moneda extranjera dentro del país. La medida entra en vigor como parte del paquete oficial para “corregir distorsiones” y “revitalizar la economía”, el mismo estribillo con el que La Habana intenta maquillar una crisis que no consigue detener.
La disposición refuerza un modelo de centralización absoluta sobre cada dólar que circule en Cuba. El Ministerio de Economía y Planificación queda como árbitro de toda transacción en moneda extranjera, con prioridad para las actividades vinculadas a exportaciones, sustitución de importaciones y otros sectores que el régimen considere estratégicos. En la práctica, el acceso a divisas deja de depender de la actividad económica real y pasa a manos de la burocracia estatal.
Dentro de ese diseño aparece la llamada Capacidad de Asignación de Acceso a Divisas, un mecanismo por el que el Estado decidirá qué entidades pueden recibir moneda extranjera, incluso aquellas que no generen divisas por sí mismas. La fórmula confirma el rumbo de una economía cada vez más intervenida, donde la autorización política pesa más que la productividad o la iniciativa empresarial.
El paquete regulatorio también permite que determinados negocios privados, cooperativas y trabajadores por cuenta propia cobren en moneda extranjera, pero solo si reciben el visto bueno del Ministerio de Economía y Planificación. Quienes sean autorizados deberán abrir cuentas en divisas bajo supervisión del Banco Central de Cuba y someterse a un monitoreo permanente. El régimen concede el acceso y conserva el control; reparte una válvula, pero retiene la llave.
Además, a partir del 17 de diciembre de 2025, las entidades estatales y los actores privados autorizados que operen en divisas tendrán que entregar el 20% de sus ingresos en moneda extranjera al Banco Central, al tipo de cambio oficial. Esa obligación muestra hasta qué punto el aparato estatal sigue metiendo la mano en cada operación, mientras el peso cubano pierde terreno y valor a una velocidad que el discurso oficial ya no logra ocultar.
La expansión de las operaciones en dólares llega en medio de una economía golpeada por la escasez de divisas, la inflación sostenida y el derrumbe funcional de la moneda nacional. El propio Gobierno insiste en que no ha renunciado a mantener el peso en el centro del sistema financiero, pero los hechos cuentan otra historia: tiendas en MLC, múltiples tasas de cambio, pesos cada vez más inútiles en el mercado informal y ahora un esquema adicional de autorizaciones que consolida la dependencia del dólar.
El resultado es una economía partida en dos. De un lado quedan quienes reciben permiso para moverse en divisas; del otro, la mayoría de los cubanos, condenados a sobrevivir con un peso desplomado y sin acceso real a los circuitos donde se consiguen los bienes más necesarios. El régimen llama a eso orden. En la vida diaria se traduce en exclusión, desigualdad y control político sobre el dinero.
La nueva normativa termina por reconocer, aunque sea de forma encubierta, el fracaso del modelo monetario impuesto hace apenas tres años con la Tarea Ordenamiento. Cuba entra así en una etapa de ajustes improvisados, dolarización administrada y mayor dependencia de un Estado que no resuelve la crisis, pero sí se empeña en monopolizar sus consecuencias.
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