Las autoridades del régimen cubano decidieron cortar de raíz un gesto de solidaridad pastoral y convertirlo en castigo. La Iglesia Católica fue notificada de que no renovarán la residencia temporal del sacerdote mexicano José Ramírez, de la Congregación de la Misión, después de que hiciera sonar las campanas de La Milagrosa, en Santos Suárez, en apoyo a los vecinos que protestaban por los apagones.
La medida obliga al religioso a salir de Cuba cuando venza su documentación. Según una fuente eclesiástica citada por Martí Noticias, eso ocurrirá este jueves, lo que en la práctica equivale a una expulsión de facto. El régimen intenta esconder el hecho bajo el lenguaje frío de un trámite migratorio, pero el resultado es el mismo: apartar del país a un sacerdote incómodo por acompañar una protesta popular.
La señal llegó desde la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista, encabezada por Caridad Diego. La misma fuente aseguró que evitó hablar de “expulsión” porque sería un escándalo, aunque dejó claro que la residencia temporal no será prorrogada. Detrás de esa fórmula burocrática aparece el mismo método de siempre: presión política, control religioso y castigo selectivo contra cualquiera que rompa el silencio que el poder exige.
Ramírez tocó las campanas después de que los vecinos acumularan más de 12 horas sin electricidad. El gesto lo colocó del lado de la gente que sufre los apagones y a la vez lo convirtió en blanco de la Seguridad del Estado, que según fuentes de la propia Iglesia presionó directamente al sacerdote tras el repique. En Cuba, el régimen no tolera ni un signo mínimo de solidaridad cuando nace fuera de su guion.
El caso se suma a la lista de religiosos que han hablado con claridad contra la dictadura y han acompañado al pueblo en medio de la crisis. Entre ellos figuran Lester Zayas, Alberto Reyes, Kenny Fernández Delgado, José Conrado Rodríguez Alegre y la monja Nadiezka Almeida. La respuesta oficial vuelve a ser la misma: vigilancia, presión y salida forzada para intentar cortar la voz moral de la Iglesia cuando deja de ser dócil.
La expulsión de facto de José Ramírez recuerda además que este tipo de represalias ya ha sido usado antes. En 2022, el régimen sacó de Cuba al sacerdote dominicano David Pantaleón, superior de los jesuitas en la Isla, tras sus cuestionamientos a la dictadura y su labor pastoral. La práctica tiene una lógica clara: quien denuncia, incomoda o acompaña al pueblo termina fuera.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha señalado a Caridad Diego como una figura clave en la represión religiosa dentro del país y ha denunciado el uso de visas y residencias temporales como instrumento de control sobre sacerdotes, religiosas y laicos. Luis Domínguez, investigador de esa organización, describió ese mecanismo como una práctica sistemática para silenciar a los agentes de pastoral. En Cuba, hasta una residencia temporal puede convertirse en una herramienta de censura.
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