La familia del preso político Yosvany Rosell García Caso logró verlo al fin en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, en Holguín, después de semanas de ingreso en terapia intensiva y de un deterioro físico marcado por una huelga de hambre de 40 días. La escena llega como alivio para los suyos, pero también como recordatorio del precio brutal que paga quien desafía al régimen desde una celda.
La confirmación la dio su esposa, Mailin Sánchez, en Facebook. Desde esa publicación contó el reencuentro y dejó ver la mezcla de descanso y angustia que acompaña a una familia obligada a seguir cada paso de la recuperación de un preso político bajo vigilancia, encierro y castigo.
Sánchez explicó que García Caso pasó de terapia intensiva a una sala del mismo hospital y que sigue ingresado en proceso de recuperación. Dijo que lo vio mejor de salud, con el peso todavía por recuperar, y con buen ánimo, firme en sus convicciones pese al golpe que dejó la protesta extrema en su cuerpo.
El reencuentro ocurrió un día después de que se conociera la negativa a permitir la visita de la esposa, pese a que estaba a “una puerta de distancia”. Ese acto de crueldad administrativa desató solidaridad en redes y exhibió de nuevo cómo el aparato represivo cubano estira el castigo hasta dentro del hospital, donde la familia sigue dependiendo del capricho oficial para ver a un enfermo.
Yosvany Rosell García Caso, herrero de oficio y padre de tres hijos, fue condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Holguín. Su huelga de hambre, iniciada en octubre, puso su vida en riesgo y motivó denuncias de Amnistía Internacional y del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que exigieron su liberación inmediata y alertaron sobre las condiciones inhumanas que sufren los presos políticos en la isla.
El 2 de diciembre, su esposa informó que había depuesto la huelga tras 40 días de protesta, luego de que las autoridades aceptaran su traslado a una celda de aislamiento. Entonces explicó que la realimentación comenzó con sueros de hidratación y análisis médicos para valorar el estado de sus riñones y otros órganos. Sánchez resumió la gravedad de esa etapa al afirmar que todavía existía peligro para su vida.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la lógica de castigo del régimen: condena larga, presión sobre la familia, riesgo para la salud y un hospital que termina funcionando como prolongación de la cárcel.
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