El régimen cubano volvió a enseñar los dientes en Granma. Para 16 ciudadanos que salieron a las calles en marzo de 2024 a reclamar comida, electricidad, medicinas y una vida digna, la Fiscalía pide penas de entre tres y siete años de prisión. La señal es clara: castigar el reclamo pacífico y convertir la protesta en delito.
Julio César Vega, activista de la Unión Patriótica de Cuba y preso político, denunció desde la cárcel que esas peticiones fiscales buscan sembrar miedo entre quienes todavía se atreven a exigir derechos básicos. En un audio difundido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo que el objetivo es aterrorizar a todos los que, como ellos, alzan la voz por lo que la Constitución les reconoce.
Las protestas de marzo de 2024 estallaron en medio de una crisis económica que asfixia a las familias cubanas, con apagones interminables, escasez de alimentos y falta de medicinas. Según Cubalex, aquellas jornadas marcaron el punto más alto de una cadena de movilizaciones que se extendió por varias provincias y dejó en evidencia el deterioro acelerado de la vida en la isla.
Las manifestaciones comenzaron en Santiago de Cuba y luego se expandieron a Matanzas, Sancti Spíritus y Granma. La respuesta del régimen fue la misma de siempre: detenciones, cortes de internet y amenazas contra familiares de los participantes. En vez de escuchar el malestar popular, el poder recurrió a la represión para sofocar el descontento.
Entre los acusados, Dalis Zamora Rondón enfrenta una petición de siete años de cárcel; René Aguilera Aguilar, seis; Mario Luis Espinoza Cedeño, cinco; y otros implicados reciben solicitudes similares, además de limitaciones de libertad y reclusión domiciliaria. Todo ello después de más de un año de espera y sin garantías procesales reales.
Vega resumió el caso con crudeza: fueron sancionados por reclamar una vida normal, estable y saludable, cansados de la desesperación, el hambre y la miseria que el régimen ha hecho rutina. Esa es la verdadera acusación que pesa sobre ellos: haber dicho en público lo que millones de cubanos repiten en privado.
El patrón represivo no se detuvo en Granma. En Villa Clara, la Fiscalía también pidió hasta nueve años de cárcel para manifestantes pacíficos que protestaron en Encrucijada el 7 de noviembre de 2024 por los apagones. Armados solo con calderos y la voz, gritaron “¡Pongan la corriente!” y “¡Queremos corriente!”. La respuesta fue otra ráfaga de castigo judicial.
Entre esos acusados figuran Yandri Torres Quintana y Rafael Javier Camacho Herrera, a quienes les solicitan nueve años; José Gabriel Barrenechea Chávez, seis; Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa, cinco; Yuniesky Lorences Domínguez, cuatro; y Marcos Daniel Díaz Rodríguez, cinco años de limitación de libertad. La mano dura del régimen vuelve a caer sobre ciudadanos desarmados que solo reclamaron electricidad y dignidad.
En el caso de Barrenechea, escritor cubano, la acusación va más allá de la protesta. También lo persiguen por su conducta en redes sociales, sus ideas políticas y hasta por sus relaciones personales. Es el retrato de un sistema que usa los tribunales para ajustar cuentas ideológicas y castigar la disidencia con lenguaje de expediente.
La represión judicial se ha vuelto parte del paisaje nacional. Solo en julio de 2025 se documentaron 845 protestas en todo el país, un aumento del 38 % respecto al mismo mes del año anterior, y 209 terminaron en enfrentamientos directos con la policía política, según el Observatorio Cubano de Conflictos. La cifra confirma que la protesta crece y que el régimen responde con más control, no con soluciones.
Ese mismo informe recoge cacerolazos, bloqueos de calles y choques con fuerzas antimotines en barrios como Guanabacoa y El Diezmero, siempre por las mismas causas de fondo: apagones de hasta 30 horas, inflación desbordada, escasez de alimentos y un sistema de salud en ruinas. A la lista se suman las declaraciones oficiales que niegan la existencia de mendigos, el encarecimiento de la canasta básica y los feminicidios y muertes bajo custodia policial. Cuba no vive una normalidad; vive bajo presión constante de un régimen que reprime para mantenerse en pie.
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