Roilán Álvarez Rensoler terminó hospitalizado después de sostener por más de 30 días una huelga de hambre, una protesta desesperada que dejó al preso político al borde del colapso mientras permanece detenido desde el 30 de enero por colocar carteles antigubernamentales en Holguín.
El caso salió a la luz por información de su abogado y vuelve a colocar sobre la mesa una práctica conocida del régimen: castigar con cárcel cualquier gesto de desafío, incluso cuando se trata de una acción pacífica y simbólica contra el poder. Álvarez no fue detenido por violencia ni por amenaza alguna. Su encierro responde a una expresión pública de rechazo político, y ese dato basta para medir el nivel de intolerancia que sigue marcando la represión en Cuba.
La huelga de hambre prolongada empuja este expediente más allá del terreno judicial y lo lleva al cuerpo del detenido. Cuando un preso se ve obligado a comprometer su salud para reclamar atención, el daño ya no queda en el expediente ni en la celda. Se extiende a la familia, al entorno y a una prisión que opera como mecanismo de desgaste y escarmiento.
Hospitalizarlo no resuelve el fondo del asunto. Lo que permanece intacto es la decisión de mantener preso a un hombre por una protesta antigubernamental y la responsabilidad política de un régimen que convierte la disidencia en castigo. En Cuba, pegar carteles contra el poder sigue siendo suficiente para terminar tras las rejas y salir de ahí con la salud quebrada.
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