Roilán Álvarez Rensoler lleva 27 días en huelga de hambre dentro de la cárcel conocida como “Todo el mundo canta”, en Pedernales, Holguín, mientras la Seguridad del Estado mantiene su detención desde finales de enero. Su vida corre serio peligro, según advirtió el líder de la Unión Patriótica de Cuba, la organización a la que pertenece.
El caso expone otra vez el método del régimen frente a la disidencia: encierro, presión, aislamiento y castigo. Álvarez fue arrestado el 30 de enero junto a Dariel Calderín Rensoler, Jorge Luis Hernández Haber y Jordán Méndez Martínez, todos señalados por la policía política como responsables de acciones de protesta en Holguín, entre ellas carteles con consignas antigubernamentales y el daño a una valla con la imagen de Fidel Castro en Birán.
La situación del preso político también golpea a su familia. Sus hermanas, Ariadna Álvarez Rensoler e Irina, viajaron desde Mella, en Santiago de Cuba, hasta Holguín, pero la vigilancia y las trabas policiales terminaron en una nueva humillación: las retuvieron más de seis horas en la unidad de operaciones policiales y al final no les permitieron verlo.
Oficiales del centro de detención incluso les propusieron que intentaran convencerlo de abandonar la huelga ofreciéndole comida. La respuesta de la familia fue la de siempre en estos casos: respaldo al reclamo de libertad y rechazo a una detención que consideran injusta.
La protesta de Álvarez ocurre en un país donde el descontento se expresa cada vez más en las paredes. En los últimos meses se han multiplicado los grafitis y letreros con consignas de libertad y mensajes contra la dictadura, una señal clara de hartazgo en medio de la escasez de alimentos, los apagones y la crisis económica que asfixia a la población.
El régimen responde a esa presión social con más vigilancia y con sentencias severas por delitos vinculados a carteles o pintadas. Reportes de la sociedad civil y de la prensa independiente citados en el material señalan condenas de entre cinco y diez años bajo el nuevo Código Penal, una línea represiva que busca castigar la expresión pública del rechazo ciudadano.
Los casos recientes de Ariel Manuel Martín Barroso, condenado a diez años en Villa Clara por pintar carteles críticos, y de Moisés Legrá Díaz y Leonard Richard González Alfonso, también acusados por la misma causa, confirman que la persecución no se limita a un expediente aislado. La dictadura trata los letreros como si fueran una amenaza de Estado, porque sabe que detrás de ellos hay un país cansado de callar.
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