Marco Rubio rechazó este martes las medidas económicas anunciadas por Miguel Díaz-Canel y sostuvo que no alcanzan para sacar a Cuba del derrumbe en que vive. Su mensaje llegó mientras la isla seguía arrastrando otro apagón nacional, prueba de un sistema eléctrico colapsado y de una crisis que el régimen intenta tapar con anuncios parciales.
Desde la Casa Blanca, el secretario de Estado fue directo: lo anunciado por el régimen “no es lo suficientemente drástico” y “no va a solucionar el problema”. La frase resume el callejón donde La Habana ha metido al país. La economía cubana no ofrece alivio, la estructura política no permite correcciones de fondo y cada parche termina estrellándose contra el mismo fracaso.
El apagón más reciente volvió a dejar al descubierto esa ruina administrada. El Ministerio de Energía y Minas reconoció una “desconexión completa” del sistema eléctrico, mientras técnicos y brigadas trataban de reactivar plantas termoeléctricas y devolver el servicio por partes. Detrás de esa secuencia está la misma realidad de siempre: infraestructura envejecida, falta de combustible y una incapacidad prolongada para sostener algo tan básico como la luz.
La consecuencia recae sobre la gente de a pie. En La Habana, donde viven cerca de 1,7 millones de personas, la recuperación fue lenta y desigual. Para muchas familias, el golpe inmediato fue la pérdida de alimentos guardados y la angustia de ver cómo el refrigerador se vacía en un país donde todo está caro. Olga Suárez, una jubilada de 64 años, describió ese miedo cotidiano a que un apagón largo termine de tragarse lo poco que queda en casa.
El daño también llega al cuerpo. Dalba Obiedo, de 48 años, contó que se cayó de una escalera durante una interrupción del servicio y terminó con una lesión que la obliga a operarse de la mandíbula. Su caso pone rostro al costo humano de un país obligado a vivir entre apagones, improvisación y riesgo doméstico, mientras el poder insiste en administrar la escasez como si fuera normal.
Rubio además cuestionó la decisión de permitir mayor participación de capital de exiliados en la economía de la isla. El mensaje de Washington apunta a un problema que dentro de Cuba se conoce demasiado bien: mientras el régimen conserve intacto el modelo que asfixia la producción y controla la economía, cualquier apertura quedará reducida a un gesto sin salida real.
La presión estadounidense llega en un momento en que la administración de Donald Trump endureció su lenguaje sobre Cuba y condicionó cualquier cambio de política a transformaciones más amplias. Pero la noticia principal sigue estando dentro de la isla: un país que se apaga, una población que paga la factura y un régimen que pretende resolver un colapso estructural con medidas que no tocan la raíz del problema.
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