Rusia salió este jueves a cargar contra Washington y calificó de “agresiva provocación estadounidense” el tiroteo ocurrido en aguas cubanas, donde murieron cuatro tripulantes de una lancha registrada en Estados Unidos. La reacción del Kremlin convierte un incidente ya tenso en otro capítulo de la disputa política que rodea a la isla y deja al régimen cubano otra vez en el centro de una versión oficial que busca cerrar filas alrededor del control y la confrontación.
La portavoz de Exteriores rusa, Maria Zajarova, sostuvo ante TASS que el hecho fue una maniobra destinada a “incrementar las tensiones y provocar un conflicto”. La declaración llega después de que las autoridades cubanas denunciaran un intento de “infiltración con fines terroristas” y confirmaran que los seis sobrevivientes del tiroteo están detenidos tras ser interrogados.
El Ministerio del Interior cubano afirmó que la embarcación, con matrícula de Florida, llegó a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino. Según esa versión, los agentes pidieron identificación y desde la lancha se abrió fuego contra los efectivos cubanos, lo que dejó lesionado al comandante de la embarcación cubana.
El episodio vuelve a mostrar cómo el régimen convierte cualquier incidente en un asunto de seguridad política y responde con la lógica de la fuerza, la detención y la narrativa del enemigo externo. En una isla marcada por el control policial y la opacidad oficial, el ciudadano común queda otra vez fuera de cualquier transparencia sobre hechos que terminan usándose como combustible propagandístico.
Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que Estados Unidos responderá “en consecuencia” y que verificará lo sucedido de forma independiente. También dejó claro que no aceptará como única verdad la versión de La Habana, una postura que choca con la costumbre del régimen de imponer su relato como si bastara para cerrar la discusión.
El incidente ocurre además en medio del aumento de la presión de Estados Unidos sobre Cuba y del endurecimiento de las restricciones contra la isla. La administración de Donald Trump ha ligado ese cerco al control de la comercialización del petróleo venezolano y ha amenazado con aranceles a cualquier país que suministre ese recurso a Cuba.
En paralelo, el Departamento del Tesoro abrió la puerta a la entrada de petróleo venezolano en la isla, siempre que beneficie “al pueblo”, y dejó fuera de licencias las exportaciones que involucren o favorezcan a entidades asociadas con el Ejército, la inteligencia u otras instituciones gubernamentales cubanas. Esa precisión vuelve a colocar al aparato militar y de seguridad como pieza central del negocio político del régimen, incluso cuando el discurso oficial habla de pueblo y soberanía.
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