La Asamblea Nacional de Venezuela recibió este miércoles la renuncia de Tarek William Saab como fiscal general, una salida que vuelve a poner bajo la lupa el aparato judicial del régimen de Nicolás Maduro. También dimitió Alfredo Ruiz Angulo, defensor del Pueblo, y el parlamento comenzó a mover el mecanismo para nombrar reemplazos interinos mientras se instala el comité de postulaciones.
Jorge Rodríguez anunció en sesión legislativa que había recibido las cartas de renuncia y las mostró ante los diputados. Luego explicó que, por el procedimiento constitucional, debía designarse un comité para escoger a los nuevos titulares del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, aunque la mayoría decidió incluir de inmediato autoridades encargadas de forma temporal.
La salida de Saab marca el cierre de una etapa en la que la Fiscalía venezolana funcionó como pieza de control político. Desde que asumió en 2017, después de la destitución de Luisa Ortega Díaz, organizaciones de derechos humanos la señalaron por perseguir a dirigentes opositores, activistas, militares disidentes y periodistas críticos, en vez de actuar como una institución independiente.
El expediente de Saab arrastra además el peso de una condena internacional. Una misión independiente de la ONU encontró motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad y describió patrones de persecución, detenciones arbitrarias y torturas, al tiempo que cuestionó la falta de autonomía del Ministerio Público.
Estados Unidos también lo sancionó en julio de 2017, cuando todavía ocupaba la Defensoría del Pueblo y presidía el Consejo Moral Republicano. El Tesoro lo incluyó en su lista SDN por acciones que, según Washington, socavaban la democracia y los derechos humanos, sobre todo en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por Maduro ese mismo año.
La renuncia no borra el daño dejado por una fiscalía convertida en brazo del poder. Lo que cambia es el nombre en el cargo, mientras el régimen intenta maquillar con trámites institucionales un sistema que ha usado tribunales, acusaciones y sanciones internas para sostener la represión y aplastar cualquier disidencia.
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