La administración de Donald Trump ha puesto a Cuba en el centro de una ofensiva energética y política que busca empujar al régimen al colapso antes de que termine 2026. USA Today reveló este sábado el alcance de esa estrategia, bautizada como “Cubastroika”, una apuesta que mezcla asfixia petrolera, presión financiera y una apertura selectiva al sector privado de la isla.
La maniobra tiene un objetivo claro: golpear la base de sostén del poder en La Habana y, al mismo tiempo, abrir una vía limitada para que los cubanos que operan al margen del Estado reciban combustible. Washington pretende separar al pueblo del aparato político que ha administrado la escasez durante décadas, pero el golpe principal recae sobre un país ya hundido en apagones, transporte paralizado y falta de recursos para servicios esenciales.
Trump lo dijo sin rodeos en CNN: “Cuba is going to fall pretty soon”. Detrás de esa frase hay una lectura dura del momento cubano y una decisión de escalar la presión. El 29 de enero firmó una orden ejecutiva que declaró emergencia nacional respecto a Cuba y autorizó aranceles contra cualquier país que suministre petróleo al gobierno cubano. La señal fue directa para los proveedores externos que sostienen, con dificultades, el funcionamiento mínimo de la isla.
La presión energética se cruzó con el golpe al suministro venezolano, calculado entre 27.000 y 35.000 barriles diarios, tras la captura de Nicolás Maduro, y con el cerco sobre México, que había quedado como principal vía alternativa. La Guardia Costera también interceptó el 13 de febrero el buque Ocean Mariner, cargado con 84.579 barriles de fueloil colombiano valorados en 6,9 millones de dólares, a unas 16 millas al sur de Les Cayes, Haití.
En paralelo, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio emitieron nuevas guías en febrero para permitir que empresas estadounidenses y extranjeras vendan combustible directamente a empresas privadas cubanas sin licencias específicas y sin límite de volumen, siempre que el destino final no sea el Estado. Cubanoamericanos con licencias vigentes ya empezaron a comprar diésel y a enviarlo a la isla bajo ese esquema.
Esa apertura, sin embargo, quedó limitada pocos días después. El pasado miércoles, Washington vetó el uso de bancos cubanos en esas operaciones de combustible por problemas de desvío de fondos y por los vínculos de esas entidades con intereses militares. La medida complica la logística de la nueva ruta comercial y confirma que la Casa Blanca no está dispuesta a dar oxígeno financiero al aparato que sostiene al régimen.
Una fuente interna de la administración Trump resumió la lógica de la ofensiva con una frase brutal: “Energy is the chokehold to kill the regime”. La propia fuente describió el cambio de régimen como un evento “100 percent a 2026 event”. Trump, por su parte, aseguró que “Cuba has no money” y llegó a sugerir una “friendly takeover of Cuba”, mientras Marco Rubio aparece en las negociaciones de alto nivel con La Habana.
El paquete político se apoya también en la Ley Helms-Burton de 1996, que condiciona el levantamiento del embargo a la salida de los Castro del poder, la liberación de los presos políticos, la restitución de las libertades de asociación y expresión y la celebración de elecciones multipartidistas. En el fondo, Washington está usando la energía como palanca para empujar una transición que el régimen nunca ha querido permitir por la vía interna.
Las consecuencias sobre la población son inmediatas. Cuba importa alrededor del 60% de su petróleo y cualquier estrangulamiento adicional se traduce en apagones de hasta 20 horas diarias, menos combustible para hospitales y recogida de basura, vuelos cancelados y un transporte público cada vez más roto. El coordinador de la ONU Francisco Pichón pidió una excepción humanitaria para los envíos de combustible, mientras el régimen calificó la posible medida de bloqueo naval como “acto de guerra”. Rusia también intentó mover un buque con 200.000 barriles de gasóleo hacia La Habana en febrero, desafiando las restricciones.
En medio de esa tensión, la administración Trump canalizó 9 millones de dólares en ayuda humanitaria a través de Cáritas y la Iglesia Católica, evitando al gobierno cubano. Esa decisión deja en evidencia la fractura entre la población y un régimen que durante 67 años ha convertido la energía, los alimentos y hasta la asistencia exterior en herramientas de control político.
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