Donald Trump recibirá este sábado en Miami a una docena de líderes de derecha de América Latina en una cumbre diseñada para reforzar la influencia de Washington en la región y cerrar filas con gobiernos afines a su agenda. La cita llega mientras la Casa Blanca mantiene la presión sobre Cuba, endurece su línea contra Venezuela y sostiene una escalada bélica en Irán.
La llamada Cumbre Escudo de las Américas reunirá a los presidentes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y República Dominicana. También están convocados el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. Del lado estadounidense participarán Marco Rubio, Pete Hegseth, Howard Lutnick y Jamieson Greer.
La selección de invitados deja claro el sesgo político de la reunión. Solo fueron llamados los dirigentes que coinciden ideológicamente con Trump y que han respaldado acciones que violentan el derecho internacional en la región. Quedan fuera los gobiernos de izquierda o progresistas de Brasil, Colombia y México, pese al peso político y económico que tienen en América Latina.
La Casa Blanca presentó la cumbre como un paso para “restaurar la preeminencia” de Estados Unidos en el hemisferio occidental. También anunció la firma de la llamada Carta de Doral, un documento que, según un funcionario estadounidense, reconocerá el derecho de los países del continente “a forjar su propio destino sin interferencias”, además de defender la propiedad privada y coordinar acciones contra los cárteles y la migración irregular.
Ese lenguaje deja ver el tipo de alianza que busca Trump: una red hemisférica de gobiernos conservadores, alineados con Washington y útiles para su ofensiva política en la región. En ese tablero, Cuba vuelve a aparecer como uno de los blancos de la presión estadounidense, mientras el régimen insiste en culpar al exterior de una crisis que nació de su propio sistema de control, ruina económica y cierre político.
La cumbre también confirma el aislamiento de La Habana en una coyuntura regional cada vez más hostil para las dictaduras de izquierda. Mientras otros gobiernos negocian espacio con Estados Unidos desde una agenda de seguridad, comercio y fronteras, el régimen cubano sigue anclado en el inmovilismo y en una dependencia que lo deja fuera de cualquier conversación seria sobre libertad, propiedad o futuro.
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