Estados Unidos cerró una puerta financiera que el régimen cubano había dejado abierta a medias para aliviar la crisis del combustible. El Departamento de Comercio suspendió el uso de la licencia excepcional Support for the Cuban People para operaciones vinculadas con exportaciones o reexportaciones a Cuba cuando los pagos terminen depositados en bancos estatales de la Isla.
La medida, en vigor desde el 4 de marzo de 2026, golpea de lleno la mecánica de pago que pueden usar las mipymes y otros actores privados para importar gas y productos petrolíferos. Washington sostuvo que la decisión responde a problemas prolongados y documentados de desvío y cobro de comisiones dentro del sistema bancario cubano, además de los vínculos de varias de esas instituciones con entidades militares, de inteligencia y de seguridad del Estado.
El punto central es ese: el dinero que entre por esas operaciones no quedará fuera del control del aparato estatal cubano si pasa por bancos de propiedad estatal. Para Washington, eso contradice el objetivo de la licencia SCP, creada para respaldar actividades económicas independientes en la Isla y no para alimentar ingresos del Gobierno ni fortalecer sus estructuras de control.
La restricción afecta sobre todo la cadena de pagos en importaciones de combustible que han comenzado a explorar pequeñas empresas privadas cubanas. También toca una de las pocas salidas que el propio régimen ha insinuado para contener la asfixia energética sin asumir su responsabilidad por el desastre acumulado en el sector. El monopolio estatal sobre la importación de petróleo y combustibles ha dejado al país en una dependencia crónica, mientras la falta de combustible sigue rompiendo el transporte, la producción y la vida diaria.
BIS aclaró que la suspensión no alcanza a transacciones canalizadas por bancos de terceros países ni a otros sistemas de pago que no impliquen depósitos en instituciones financieras cubanas. Las exportaciones que ya estaban en tránsito hacia puertos de salida el 4 de marzo podrán completarse hasta el 3 de abril de 2026.
El organismo también reiteró que la exportación de gas y otros productos petrolíferos a Cuba sigue requiriendo licencia en términos generales, aunque puede autorizarse bajo la excepción SCP si va dirigida al sector privado o al uso personal de ciudadanos cubanos y no genera ingresos para el Estado ni beneficia a entidades prohibidas.
La decisión llega en un momento en que el régimen intenta vender como apertura lo que sigue siendo una admisión tardía de fracaso. Pequenas empresas privadas ya han empezado a importar combustible, mientras compañías extranjeras instaladas en Cuba estudian la misma vía. Martí Noticias informó además que La Habana habría autorizado esa importación a empresas privadas, una fórmula limitada y enfocada en el autoconsumo empresarial, incapaz de resolver la demanda nacional.
Fuentes citadas por EFE dijeron que el Gobierno cubano sostuvo reuniones con emprendedores locales y empresarios extranjeros para explicar cómo podría instrumentarse esa gestión, justo cuando la parálisis económica y social avanza en la Isla. Esos encuentros buscan concretar el anuncio hecho en noviembre por el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, quien prometió que “en breve” se permitiría a empresas extranjeras y mixtas importar su propio combustible cuando fuera necesario.
Durante décadas, el Estado cubano concentró en sus manos la importación y la venta de combustibles. Hoy esa fórmula apenas sirve para administrar la escasez, no para resolverla. La nueva restricción de Washington exhibe otro límite más de un sistema donde hasta la energía depende de permisos, intermediarios y bancos vigilados por un régimen que convierte cada necesidad básica en un negocio político.
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