Especialistas de la biotecnología y la salud pública le reclamaron a Miguel Díaz-Canel medicamentos y recursos para atender la hipertensión arterial y otras enfermedades crónicas en Cuba. La escena, difundida por el canal estatal Canal Caribe, dejó al desnudo una realidad que el discurso oficial ya no puede maquillar: en la isla, los médicos tienen que pedirle al poder lo que el sistema debería asegurar por obligación.
El planteamiento salió en una reunión sobre la aplicación en Cuba del proyecto HEARTS, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para mejorar la prevención y el control de enfermedades cardiovasculares. La doctora Yamilé Valdés González, vicepresidenta de la Comisión Nacional Técnico Asesora de Hipertensión Arterial, explicó que el programa se ha centrado primero en esa dolencia porque es una de las más frecuentes entre los adultos.
Desde ahí, el plan busca extenderse a otras enfermedades como la insuficiencia renal crónica, la diabetes, la obesidad, el cáncer prevenible, el asma, la salud bucodental y la salud mental. Sobre el papel, la propuesta luce ambiciosa. En la Cuba real choca con farmacias vacías, con pacientes que salen a buscar una tableta y regresan con las manos vacías, y con una red sanitaria que ya no logra garantizar ni lo básico.
En esa misma presentación se habló de la introducción de medicamentos para tratar la hipertensión, como el lisinopril, de la distribución de unos 25.000 esfigmomanómetros fabricados por la industria biofarmacéutica cubana y del desarrollo de herramientas informáticas para seguir a los pacientes. Son medidas útiles, pero insuficientes frente a una escasez que se ha vuelto rutina y que golpea a los enfermos crónicos con una crueldad diaria.
El doctor Salvador Tamayo Muñiz, jefe del departamento de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud Pública, reconoció que las enfermedades cardiovasculares constituyen hoy el principal problema de salud pública del país. También afirmó que, si se lograra controlar al menos el 50 % del riesgo cardiovascular asociado a la hipertensión, podrían salvarse unas 6.000 vidas cada año en Cuba y evitarse alrededor de 42.000 infartos, accidentes cerebrovasculares y complicaciones renales graves.
Ese cálculo revela la magnitud del daño humano que arrastra la crisis sanitaria. Los propios especialistas señalaron que en el país existen cerca de tres millones de personas con hipertensión y que los casos van en aumento. En una nación donde conseguir un medicamento elemental se ha convertido en una carrera incierta, esa cifra pesa como una condena social.
La reunión también dejó claro que para sostener el programa hará falta más financiamiento para la prevención, la producción de medicamentos, la fabricación de equipos médicos y las innovaciones científicas. Ese reconocimiento desnuda el fracaso de un modelo que presume de sistema de salud, pero depende de discursos, proyectos y parches mientras la gente sigue sin acceso estable a tratamientos básicos.
La responsabilidad política del régimen queda expuesta en cada una de esas carencias. No basta con exhibir una iniciativa de la OMS ni con mostrar a los expertos frente a la televisión estatal. La población necesita medicinas, equipos y atención real, no otro reporte propagandístico sobre un sistema que se cae a pedazos mientras el poder sigue administrando la escasez.
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