El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1.326 protestas contra el régimen de Miguel Díaz-Canel en noviembre, una cifra que volvió a empujar hacia arriba un récord que la isla arrastra mes tras mes. Es la quinta vez consecutiva que el conteo supera su marca histórica, después de los 1.249 casos de octubre, 1.121 en septiembre, 1.023 en agosto y 845 en julio.
La presión social se disparó sobre todo por la crisis sanitaria. El informe del OCC colocó la categoría de Salud pública al frente del registro, con 346 entradas, alimentadas por la indignación ante una epidemia nacional de arbovirus que, según la organización, ya ha afectado a unos tres millones de cubanos. La denuncia apunta directamente a la demora del régimen, que tardó casi cuatro meses en reaccionar, mientras la enfermedad avanzaba entre apagones, basura acumulada, lluvias y un sistema de salud desbordado por carencias de todo tipo.
El observatorio fue más lejos y calificó esa desidia como un genocidio silencioso. En su lectura, la combinación de temporada de lluvias, cortes eléctricos diarios, vertederos rebosados y falta de recursos médicos dejó al descubierto la ruina sanitaria de la isla y la ausencia total de voluntad para tocar los miles de millones de dólares bajo control de GAESA y destinarlos a medicamentos e insumos básicos.
La crisis también golpeó la estadística oficial de muertes. Para sostener su relato de potencia médica, La Habana admitió apenas 33 fallecidos por la epidemia, mientras el OCC levantó una lista preliminar de 87 decesos a partir de búsquedas en redes sociales. El contraste expone el mismo patrón de siempre: opacidad, maquillaje y un aparato de propaganda que intenta esconder la magnitud real del desastre.
Otro bloque fuerte de denuncias apareció en los desafíos al Estado policial, con 324 registros. Allí pesaron tanto la emergencia sanitaria como el abandono de decenas de miles de damnificados en las cuatro provincias orientales arrasadas por el huracán Melissa. La gente quedó sin electricidad, sin agua potable y sin comida, y las redes sociales se llenaron de reclamos directos, exigencias de renuncia y críticas abiertas a la gestión del régimen.
El drama del preso político Yosvany Rosell García también ocupó un lugar en el informe. Condenado a 15 años por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, cumplió 40 días en huelga de hambre reclamando su libertad. Su caso recuerda el costo humano de la represión: condenas largas, castigos ejemplarizantes y un sistema judicial al servicio del poder.
La crisis de los servicios públicos quedó en tercera posición, con 138 protestas o reacciones adversas. Los apagones diarios llegaron a 20 horas en las provincias y a ocho en La Habana, mientras persistían los problemas con el agua. En paralelo, la alimentación siguió hundiéndose: el OCC contabilizó 128 denuncias vinculadas al hambre, los atrasos de la canasta básica subsidiada y los precios desorbitados en mercados alternativos y en dólares.
El ejemplo más brutal fue el precio de un cartón de 30 huevos, que llegó a 3.400 pesos, por encima de la mitad del salario medio mensual. En el oriente del país, devastado por Melissa, el hambre resultó todavía más visible y más cruda. A eso se sumaron 128 protestas por otros problemas sociales y 88 por vivienda, dos rubros que reflejan el abandono de familias enteras sin techo, sin electricidad, sin agua y sin comida.
El contraste entre la respuesta del gobernante y la solidaridad desde abajo también quedó señalado por el observatorio. Díaz-Canel se negó a acceder a la petición de una cama hecha por una damnificada de El Cobre, en Santiago de Cuba, mientras iglesias y organizaciones de la sociedad civil acudían a auxiliar a los afectados. Esa diferencia resume la lógica del régimen: burocracia, dureza y desprecio desde arriba; apoyo real desde la sociedad que aún resiste.
En inseguridad ciudadana, el OCC registró 104 protestas o denuncias, entre ellas los asesinatos de 12 cubanos víctimas de violencia social, criminal o de género. Y en el apartado represivo sumó 74 hechos en noviembre, con acusaciones, peticiones fiscales y sentencias contra opositores, activistas y ciudadanos que protestaron en la calle o en redes sociales, además de asedios, detenciones, citaciones policiales y amenazas contra periodistas independientes e intelectuales.
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