El régimen de Nicolás Maduro soltó a al menos 14 periodistas y trabajadores de prensa que llevaban meses y, en algunos casos, años presos en cárceles venezolanas. La excarcelación, confirmada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), llegó en medio de una operación política todavía marcada por demoras, opacidad y reclamos de familiares y organizaciones de derechos humanos.
Entre los liberados aparecen nombres conocidos dentro del periodismo venezolano, como Roland Carreño, Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas, además de Ramón Centeno, Carlos Marcano, Víctor Ugas, Leandro Palmar y el asistente de cámara Belises Cubillán. También salieron de prisión Nakary Ramos Mena, su esposo y el asistente de cámara Gianni González, junto con Gabriel González, integrante del equipo de prensa de Vente Venezuela.
Los tiempos de reclusión muestran la dimensión del castigo. Carreño permaneció preso un año, cinco meses y 12 días; Carlos Julio Rojas, un año, ocho meses y 20 días; y Nicmer Evans estuvo un mes y un día en El Helicoide. Ramón Centeno pasó tres años, 11 meses y 13 días encarcelado, y el SNTP indicó que ya estaba en su casa, aunque con problemas de salud pendientes de atención.
La lista también incluye a Carlos Marcano, liberado tras siete meses y 22 días en Tocorón; a Víctor Ugas, detenido desde agosto de 2024; y a Leandro Palmar y Belises Cubillán, apresados en Maracaibo el 9 de enero de 2025. Cada una de esas fechas confirma un patrón ya conocido por los cubanos: la cárcel como herramienta de presión política y castigo contra quien incomoda al poder.
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y jefe negociador del Gobierno, dijo en una sesión que más de 400 personas habían sido excarceladas y calificó el proceso como un “gesto unilateral” del Gobierno, ahora bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez. Pero las cifras oficiales no han sido publicadas de forma detallada, y esa ausencia alimenta las dudas sobre el alcance real de las liberaciones.
Foro Penal dijo haber verificado 56 excarcelaciones; la Plataforma Unitaria Democrática elevó la cifra a 76; Provea denunció “dilaciones indebidas y abusos autoritarios”; y el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela exigió la publicación inmediata de un listado completo. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia también cuestionaron el balance oficial y sostuvieron que la cifra difundida por el régimen no coincide con la realidad verificada por las organizaciones.
Mientras tanto, familiares se mantuvieron en vigilia en las afueras de centros penitenciarios como El Rodeo y El Helicoide, esperando nuevas liberaciones. La escena deja otra imagen de manual del autoritarismo en la región: presos usados como ficha política, información administrada a conveniencia y familias condenadas a la incertidumbre.
Lo que ocurre en Venezuela importa también en Cuba porque confirma hasta dónde puede llegar un régimen cuando convierte la represión en método de control. La excarcelación de periodistas no borra los meses de encierro, ni la falta de transparencia, ni el costo humano de una maquinaria que mantiene a la disidencia bajo amenaza permanente.
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