Isla de la Juventud sufre nuevos apagones, cierres y control

La Isla de la Juventud quedó otra vez bajo la lógica del régimen: menos electricidad, menos transporte, menos trabajo y más vigilancia sobre una población que ya carga con una crisis insoportable. El paquete de medidas anunciado por Radio Caribe confirma que el colapso energético se convirtió en rutina oficial y en castigo diario para el territorio.

El comunicado difundido en Facebook dice que las disposiciones llegan “por indicación de la máxima dirección del país y del territorio” y responden a la falta de combustible y al deterioro del sistema electroenergético. El propio texto admite una situación “compleja” y fija apagones de hasta cuatro horas dentro de cada bloque de 24 horas, bajo el esquema 4×4. Si los inventarios empeoran, la afectación aumentará aún más.

En Cocodrilo, el corte quedó fijado entre las 8:00 am y las 4:00 pm. Esa decisión retrata con crudeza cómo el régimen administra la escasez: reparte oscuridad, exige disciplina y pretende vender como orden lo que en realidad es derrumbe. La gente asume la factura de una infraestructura quebrada y de una gestión incapaz de sostener lo elemental.

Las medidas también golpean el trabajo y la administración pública. Las autoridades ordenaron ajustar los horarios laborales, dejar solo al personal administrativo indispensable y aplicar teletrabajo donde sea posible. Los edificios administrativos quedarán sin servicio eléctrico durante viernes, sábado y domingo. La parálisis ya no se disfraza; se impone desde arriba como una norma de emergencia permanente.

El transporte público sufrió otro recorte. Las rutas Gerona-La Fe, Gerona-La Demajagua y Gerona-Argelia-Victoria abrirán y cerrarán según la disponibilidad de combustible. En Cocodrilo, el servicio se reducirá a una sola frecuencia semanal. La salida del Ferri Perseverancia también quedó sujeta a que exista diésel suficiente y conexión con Batabanó. En una isla donde moverse ya es una batalla, el aislamiento se vuelve todavía más pesado.

El golpe llega al comercio, la educación y la vida diaria. Las bodegas ajustarán sus horarios según los apagones; las áreas recreativas y los bares no abrirán hasta que se restablezcan los suministros de combustible; los centros internos quedarán cerrados y los estudiantes regresarán a sus casas “hasta el restablecimiento de la normalidad”. El régimen llama normalidad a una suspensión forzada de la vida cotidiana.

El comunicado también refuerza el aparato de control político y administrativo. Ordena intensificar el trabajo con los medios de difusión y las organizaciones políticas y de masa para “fomentar la conciencia de ahorro”, desconectar de forma permanente hornos eléctricos y equipos de clima, y celebrar “consejos energéticos diarios” para revisar consumos y “violaciones detectadas”. La presión baja hasta el último directivo, al que advierten que responderá por el cumplimiento estricto de las medidas y que, de incumplirlas, se le cortará el servicio eléctrico.

Detrás del lenguaje de ahorro y conciencia aparece la misma receta de siempre: más recortes, más amenazas y más control. La crisis energética dejó a la Isla de la Juventud sin estabilidad, sin transporte y sin capacidad real para sostener la vida diaria. Lo que impone La Habana no ofrece salida; añade otra vuelta de tuerca sobre una población castigada por apagones de más de 20 horas, escasez de comida y una economía paralizada.

La admisión de Miguel Díaz-Canel de que Cuba volvió a los años más duros del Período Especial confirma la magnitud del derrumbe. El propio gobernante reconoció que desde diciembre de 2025 no llega petróleo venezolano a la Isla y que la crisis energética es profunda. Sin petróleo, sin inversión y con termoeléctricas obsoletas, el régimen vuelve a cargar sobre la gente la factura de un modelo agotado que solo sabe responder con sacrificio impuesto y vigilancia.

En la Isla de la Juventud, las nuevas medidas dejan al desnudo la esencia de ese fracaso: menos luz, menos combustible, menos servicios y más obediencia forzada. El pueblo paga la cuenta de un sistema que destruyó la capacidad de producir, transportar y garantizar lo más básico, mientras la cúpula intenta maquillar el colapso con consignas y órdenes de emergencia.

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