El régimen cubano anunció un paquete de emergencia para administrar la escasez de combustible y sostener, a la fuerza, los servicios esenciales del país. La televisión estatal y el periódico Granma presentaron las medidas como un intento de contención, pero el trasfondo es mucho más crudo: la crisis energética ya desbordó la capacidad del poder para maquillar el desabastecimiento.
La prioridad inmediata será reservar el poco combustible disponible para los servicios fundamentales y para las actividades que dejan divisas, con el turismo en primer plano. Esa decisión desnuda la jerarquía real del régimen: salvar primero lo que alimenta sus ingresos y después repartir la carencia entre una población que vive entre apagones, colas y transporte roto.
El paquete incluye teletrabajo, reubicación de empleados estatales y un esquema de clases semipresenciales en las universidades. Jesús Otamendiz, ministro del Trabajo, dijo que las disposiciones cuentan con el respaldo del Consejo de Ministros. El plan también concentra la actividad administrativa de lunes a jueves para ahorrar energía, una medida que confirma hasta qué punto el país quedó reducido a una administración de emergencia permanente.
Otra parte del anuncio abre la puerta a que empresas privadas importen combustible y amplía la distribución de paneles solares en viviendas, centros sociales y entre trabajadores esenciales. El programa contempla 20.000 sistemas solares para casas, 10.000 módulos para maestros y personal de salud, 5.000 para viviendas aisladas y 5.000 para centros sociales. También prevé más incentivos para instalar fuentes renovables en hogares y empresas, con la posibilidad de vender la energía generada a terceros.
El transporte será uno de los golpes más duros. Los trenes nacionales de pasajeros pasarán de salir cada cuatro días a cada ocho días por destino, mientras los ómnibus nacionales quedarán reducidos a frecuencias mínimas. El plan mantiene el Medibus para pacientes con tratamientos médicos sistemáticos y promete el reembolso total de los pasajes cancelados en rutas ferroviarias y marítimas, una respuesta limitada frente al derrumbe del sistema de movilidad.
La agricultura también quedará arrastrada por la falta de combustible. El régimen anunció que impulsará la producción urbana, familiar y en polos productivos, con uso de energías renovables para el riego, y que coordinará acciones entre actores estatales y no estatales para controlar los precios de los alimentos. La misma lógica se repite en el agua, la salud y el turismo: reorganizar, racionar y aguantar, sin resolver el fondo del problema.
En salud, el plan especial promete atención a pacientes crónicos con problemas de transporte, prioridad para urgencias médicas, el programa materno-infantil y la producción nacional de medicamentos esenciales. En turismo, las autoridades ordenaron compactar instalaciones y operar con planes de eficiencia energética. El país queda así empujado a funcionar a media máquina, con el Estado repartiendo carencias en vez de ofrecer soluciones reales.
El propio régimen volvió a invocar la llamada “opción cero”, una referencia a la estrategia de los años 90 que contemplaba racionamiento extremo, autosuficiencia alimentaria y recursos alternativos para el transporte y la cocción de alimentos. Ese regreso al lenguaje de emergencia revela el nivel de agotamiento del modelo y la dependencia de parches cada vez más precarios.
La presión social crece al mismo ritmo que la crisis. En enero se registraron 953 protestas, denuncias y declaraciones críticas, con 395 desafíos directos al Estado policial, según el Observatorio Cubano de Conflictos. Aunque la cifra total bajó frente a diciembre, el informe apunta a una disposición mayor a cuestionar de frente al régimen y a su cúpula.
El reporte atribuye ese giro a factores externos, entre ellos los cambios políticos en Venezuela y la postura de la administración de Donald Trump hacia Cuba. También recoge cacerolazos, grafitis políticos, quema de vallas propagandísticas, daños a propiedades estatales y mensajes de apoyo a Estados Unidos como expresión de una desesperación que ya se manifiesta sin rodeos en calles y redes sociales.
La respuesta del poder sigue siendo la misma: represión. El observatorio documentó 147 incidentes, entre sentencias, acusaciones fiscales, detenciones arbitrarias, amenazas, restricciones de comunicación, ciberacoso, multas y arrestos contra opositores, periodistas, activistas, emprendedores privados y ciudadanos que expresaron simpatía por Estados Unidos. Mientras el régimen habla de eficiencia y resistencia, la realidad sigue marcada por el castigo sobre una sociedad empujada al límite.
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