Argentina dio un paso de peso contra el terrorismo internacional al declarar organización terrorista a la Fuerza Quds, una división de élite de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, junto con trece individuos vinculados a sus operaciones. La decisión abre la puerta a sanciones financieras y operativas dentro del país y coloca bajo escrutinio a una estructura que durante décadas ha sido señalada por su accionar encubierto fuera de Irán.
La medida fue anunciada por la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial y supone la incorporación inmediata de esos nombres al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET. En la práctica, eso permite cortarles el acceso al sistema financiero argentino y limitar su margen de acción en territorio nacional.
El antecedente argentino pesa demasiado para mirar esta decisión como un gesto simbólico. El país sufrió dos de los atentados más graves de su historia reciente: el ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994, que dejó 85 muertos y 35 heridos. Ambos hechos quedaron marcados por la sombra de la Fuerza Quds y por una impunidad que sigue ofendiendo a las víctimas y a la justicia.
El comunicado oficial subraya esa amenaza persistente y coloca la decisión en el marco de una respuesta estatal coordinada. Según la nota, la declaración fue impulsada por el presidente Javier Milei, con participación de la Cancillería, los Ministerios de Seguridad Nacional y de Justicia, y la Secretaría de Inteligencia. El mensaje es claro: Argentina busca cerrar espacios a una red que opera con lógica militar, clandestina y desestabilizadora.
Entre los nombres mencionados aparece Ahmad Vahidi, quien comandó la Fuerza Quds entre 1989 y 1998 y está directamente implicado en el atentado contra la AMIA. Sobre él pesa una alerta roja de INTERPOL, pero el régimen iraní se ha negado sistemáticamente a cooperar con la justicia argentina y, por el contrario, lo promovió dentro de la propia Guardia Revolucionaria.
La decisión argentina deja una señal que en América Latina conviene leer con atención: cuando un Estado asume en serio la amenaza terrorista, protege a sus ciudadanos y defiende la memoria de sus muertos. Frente a regímenes que patrocinan violencia, encubrimiento y redes armadas, la respuesta no puede ser la indulgencia diplomática ni el silencio cómplice.
El Gobierno argentino cerró su comunicado con una advertencia política nítida: mantendrá su compromiso de reconocer a los terroristas por lo que son y de actuar contra quienes usan el financiamiento y la estructura estatal para sembrar miedo, muerte e impunidad.
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