El régimen cubano da otro paso en su dolarización forzada: los bufetes colectivos ya se alistan para cobrar en dólares y en moneda libremente convertible por trámites jurídicos, legalizaciones y asesorías. La medida vuelve a dejar claro que, mientras el salario de la gente se hunde en pesos cada vez más devaluados, el Estado sigue montando una estructura de cobro pensada para exprimir divisas donde todavía pueda encontrarlas.
La disposición quedó recogida en la Resolución 486/2025 del Ministerio de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial el 27 de diciembre de 2025. La norma actualiza tarifas y modalidades de pago para los servicios jurídicos y autoriza expresamente que se cobre en pesos cubanos o en las monedas extranjeras aceptadas por el Banco Central de Cuba, aplicando la tasa de cambio vigente el día del pago.
En la práctica, el golpe recae sobre los cubanos residentes en el exterior y los extranjeros, que deberán pagar en dólares o MLC. Desde Santiago de Cuba, la subdirectora técnica de la Dirección Provincial de Bufetes Colectivos, Dianelis Lira Romero, confirmó que las unidades jurídicas están “creando los mecanismos” para recibir efectivo, tarjetas y pasarelas internacionales. También reconoció que las oficinas se están adaptando para procesar cobros desde el exterior.
Lira precisó además que la nueva tarifa se aplicará a las personas naturales extranjeras y a los cubanos residentes fuera de la isla. Los cubanos que mantienen residencia permanente en el país podrán seguir pagando en moneda nacional, aunque sobre la base de importes equivalentes a la divisa al tipo de cambio oficial. Antes de cobrar, los bufetes exigirán una certificación del estatus migratorio emitida por el Ministerio del Interior, requisito indispensable para decidir si el pago corresponde en pesos o en moneda dura.
La funcionaria también dijo que familiares o terceros podrán continuar haciendo trámites en nombre de cubanos que viven fuera del país, siempre que los bufetes verifiquen primero la condición migratoria del beneficiario. El sistema, en esencia, amplía el control burocrático sobre un servicio que debería estar al alcance de todos y lo convierte en otra barrera para quien no tenga acceso a divisas.
La lista de precios confirma el negocio. La certificación de notas y títulos cuesta 260 dólares o 6 250 pesos; la de nivel académico, 260 dólares o 6 250 pesos; la de experiencia laboral, 104 dólares o 2 500 pesos. La legalización de documentos docentes o registrales arranca en 156 dólares o 3 750 pesos, según el trámite. Además, la resolución fija tarifas horarias para servicios especializados: 3 750 pesos o 156 dólares por hora como mínimo general, con aumentos según la complejidad del caso o el nivel del abogado designado.
El Ministerio de Justicia justificó la medida como parte de estudios para captar ingresos en moneda extranjera y flexibilizar el cobro de los servicios jurídicos. La explicación oficial suena a tecnicismo, pero el sentido político es otro: el régimen sigue extendiendo la dolarización a sectores cada vez más sensibles, mientras la población vive atrapada en una moneda nacional destruida por la inflación y la escasez.
La Organización Nacional de Bufetes Colectivos confirmó que la disposición se aplicará en todo el país. Ya se preparan terminales POS y cuentas bancarias en divisas para hacer operativa la nueva etapa de cobro. Santiago de Cuba solo fue el punto de anuncio; el alcance es nacional.
La medida encaja en una política más amplia de control sobre el flujo de divisas y de traslado del peso de la crisis hacia la gente común. El pasaporte cubano para residentes en el exterior, que hoy cuesta 234 dólares, ya había marcado ese camino. Ahora el régimen lleva la dolarización hasta los trámites legales, un terreno donde la necesidad obliga y el Estado cobra sin pudor.
Con la Resolución 486, la justicia cubana entra de lleno en esa lógica de venta en dólares. El problema de fondo sigue siendo el mismo: servicios públicos cada vez más lejos del cubano de a pie y un aparato estatal que convierte cada necesidad en una fuente de ingresos para sobrevivir su propia bancarrota.
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