Noventa y nueve estudiantes hondureños de medicina en Cuba quedaron al borde de abandonar sus especialidades después de la cancelación del convenio de Becas 2020, que les disparó los pagos de matrícula y residencia en dólares. La decisión los dejó sin la cobertura económica con la que habían iniciado su formación y abrió una factura imposible para muchas familias.
El golpe cayó tras un nuevo acuerdo firmado en 2024 entre la entonces ministra de Salud y la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos. Ese cambio sacó del esquema a los becarios de 2020 y los empujó a depender solo del bolsillo familiar, en un país donde sostener estudios médicos en Cuba ya exige endeudarse.
Varios de los afectados han explicado que sus hogares han tenido que pedir préstamos para cumplir con los cobros impuestos por la universidad cubana. La carga no solo amenaza su permanencia en las residencias; también convierte en una carrera de obstáculos el derecho a terminar una especialidad para la que ya han invertido años de preparación.
Los estudiantes aseguran que han tocado puertas en Honduras, incluso en reuniones con el expresidente Manuel Zelaya Rosales, donde se prometió un censo de afectados. Pero el censo no resolvió nada y los dejó esperando una respuesta que no llegó, mientras el reloj académico sigue corriendo.
La presión es mayor porque más de 150 alumnos sí continúan amparados por el convenio gestionado por las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social, mientras los 99 de Becas 2020 quedaron fuera. Esa división evidencia una administración improvisada que reparte beneficios y castigos sin ofrecer una salida justa para todos los que fueron enviados a formarse.
El daño de esta ruptura va más allá del aula. Honduras necesita esos médicos en áreas donde faltan especialistas, como anestesiología, radiología, ortopedia y otras ramas clínicas y quirúrgicas en hospitales públicos. Si regresan sin completar la residencia, el país pierde años de estudio y también personal clave para sostener su sistema de salud.
Los propios becarios han advertido que ya no saben si podrán seguir pagando. En la práctica, el nuevo esquema los empuja a una interrupción forzada, con el peso de las deudas sobre las familias y la amenaza de ver truncada una carrera que debía servir de alivio para la escasez de especialistas en Honduras.
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