Henrique Capriles elevó este viernes una exigencia que el régimen venezolano intenta administrar a su conveniencia: libertad plena para todos los presos políticos, cierre de las causas fabricadas y fin de la persecución. El dirigente opositor reaccionó así al inicio de un proceso de excarcelaciones que dejó en libertad a Enrique Márquez y Biagio Pilieri, dos nombres que por sí solos evidencian la brutalidad de la represión aplicada durante años contra la disidencia.
Desde Caracas, el diputado celebró la salida de sus colegas, pero dejó claro que una liberación parcial sigue siendo una maniobra insuficiente mientras queden personas encarceladas por pensar distinto. En su cuenta de X pidió que se acabe la “puerta giratoria” y que termine el hostigamiento contra los detenidos y sus familias. También reclamó que las excarcelaciones no se queden en una concesión selectiva, disfrazada de gesto político, mientras persisten expedientes abiertos y amenazas sobre los que todavía siguen tras las rejas.
Capriles insistió en que el país debe “pasar la página de la revancha” y llamó a que haya justicia sin discriminación. Sus palabras apuntan al corazón del problema: el poder usa la prisión como castigo político, y luego vende cada excarcelación como prueba de apertura. En realidad, mientras no haya libertad plena y se cierren las causas armadas contra opositores, la persecución continúa por otros medios.
Horas después, el dirigente opositor celebró también la liberación de Márquez y Pilieri, a quienes describió como amigos que pasaron más de un año injustamente presos. Acompañó ese mensaje con un video del reencuentro y con una demanda que resume el reclamo de amplios sectores democráticos: ver salir a todos los presos políticos. El alivio de esas familias no borra el hecho de que centenares de personas siguen encarceladas o sometidas a procesos judiciales por razones políticas.
Las excarcelaciones forman parte de un proceso anunciado por Jorge Rodríguez bajo el argumento de una supuesta “pacificación nacional”. Ese lenguaje, tan familiar en los regímenes autoritarios, intenta revestir de normalidad lo que en el fondo es una operación de control político. La presión interna y externa, además, ha colocado el tema en el centro de la discusión pública, mientras organizaciones de derechos humanos mantienen que todavía hay más de 800 personas detenidas o bajo causa penal por motivos políticos.
Entre los nombres que siguen en expectativa aparecen figuras como Juan Pablo Guanipa, Rocío San Miguel, Perkins Rocha, Biagio Pilieri y Enrique Márquez. Muchos permanecen presos desde 2024 o 2025, algunos con denuncias de torturas, incomunicación o falta de atención médica. En ese cuadro, el llamado de Capriles tiene un peso político evidente: exige romper con la lógica del castigo selectivo y abrir paso a una libertad sin condiciones, sin chantajes y sin persecución posterior.
El dirigente opositor ya había advertido días antes que el momento era ahora y que el país esperaba una salida para todos los presos políticos. Su postura lo coloca entre las voces más visibles que exigen amnistía total y el desmontaje de la maquinaria judicial usada para castigar la disidencia. En Venezuela, cada liberación parcial confirma la misma verdad: mientras el régimen conserve la capacidad de decidir quién sale y quién se queda, la justicia seguirá sometida al poder.
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