La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares a favor del preso político cubano Onaikel Infante Abreu tras concluir que su vida, su integridad personal y su salud enfrentan un riesgo grave dentro de la prisión. La decisión vuelve a señalar al régimen cubano por el trato que reserva a los reclusos por motivos políticos.
La petición fue presentada por el Centro de Denuncias Defensa CD. Su director ejecutivo, Juan Carlos Vargas, explicó a Martí Noticias que la CIDH pidió al Estado cubano garantizar condiciones de detención compatibles con estándares internacionales, permitir el contacto con la familia y asegurar atención médica adecuada. La intervención del organismo confirma que, en Cuba, esos derechos mínimos siguen dependiendo de una denuncia internacional para ser atendidos.
Infante Abreu fue detenido el 27 de octubre de 2023, después de desplegar una sábana con mensajes antigubernamentales desde el techo de su vivienda, en un acto de protesta pacífica. Desde entonces permanece en prisión por un gesto de disenso que el régimen castigó con cárcel y encierro prolongado.
En los meses recientes, su familia y organizaciones de derechos humanos denunciaron abuso sexual dentro de la cárcel, además de restricciones de comunicación y falta de atención médica adecuada. Esa combinación de maltratos llevó a la CIDH a actuar de urgencia ante el peligro de un daño irreparable mientras el preso sigue bajo custodia estatal.
La resolución también deja expuesta la respuesta del aparato oficial. Según la Comisión, el Estado cubano no contestó las solicitudes de información sobre las medidas adoptadas para mitigar los riesgos denunciados ni sobre investigaciones relacionadas con los hechos de abuso reportados. El silencio oficial refuerza la opacidad con que el régimen maneja las denuncias de maltrato en prisión y abandona al detenido en manos de la misma estructura que lo mantiene encerrado.
La CIDH pidió además una valoración médica integral sobre la salud física y mental del recluso, que los resultados se informen a sus familiares y que se restablezca el contacto regular con ellos. Son garantías elementales que en la cárcel cubana siguen sin cumplirse de forma automática, y que en este caso han debido ser reclamadas desde fuera para intentar frenar un deterioro mayor.
Infante Abreu cumple una condena de ocho años en la prisión de Agüica, en Matanzas, a más de 200 kilómetros de su hogar en La Habana. Esa distancia añade castigo a una familia que ya carga con el peso de una condena nacida de una protesta pacífica y agravada por denuncias serias de abuso y desprotección dentro del penal.
Desde Defensa CD calificaron la decisión como un paso importante para visibilizar la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba y exigir garantías mínimas de protección. La medida llega después de que Estados Unidos denunciara a fines de enero los abusos cometidos contra Infante Abreu en prisión. El caso vuelve a mostrar una realidad conocida: cuando un preso político necesita amparo internacional para que le respeten la vida, la salud y el contacto con su familia, el régimen ya falló en su obligación más básica.
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