El régimen cubano aseguró que los diez ocupantes de una lancha rápida interceptada en aguas de Villa Clara llegaron con «fines terroristas». El choque dejó cuatro muertos, seis heridos y un oficial cubano atendido, en un episodio que vuelve a exponer el pulso violento en las costas de la Isla y la forma en que el poder convierte cada incidente en un argumento político.
La embarcación, con matrícula de Florida, fue detectada cerca del cayo Falcones, en el municipio de Corralillo. Según el Ministerio del Interior, una unidad de Tropas Guardafronteras intentó identificarla y desde la lancha se abrió fuego contra los efectivos cubanos. La respuesta oficial fue inmediata: disparos, cuatro tripulantes abatidos y una escena que el aparato estatal presentó como una infiltración armada.
Interior dijo que los seis heridos son cubanos residentes en Estados Unidos. Entre ellos mencionó a Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, a quienes La Habana ya había incluido en su lista terrorista y mantenía bajo búsqueda y captura por su presunta implicación en acciones de terrorismo dentro y fuera del país. También identificó a Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra.
Las autoridades agregaron que entre los fallecidos figura Michel Ortega Casanova, también cubano residente en EE.UU., mientras siguen las investigaciones para identificar a los otros tres muertos. El Ministerio del Interior afirmó además que incautó fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje. La lista refuerza la versión oficial de una operación armada y no de un simple cruce ilegal por mar.
El caso deja al régimen en su terreno favorito: el de la seguridad, el enemigo externo y el relato de plaza sitiada. Cada incidente de este tipo le sirve para apuntalar su discurso de control absoluto, justificar la militarización del espacio costero y reforzar la idea de que cualquier movimiento desde el exterior entra en la lógica del terrorismo. Al mismo tiempo, el episodio vuelve a mostrar el costo humano de un país cerrado, vigilado y empujado a resolver por la fuerza lo que no encuentra salida en libertad.
Interior informó también de la detención en territorio nacional de Duniel Hernández Santos, a quien describió como la persona enviada desde Estados Unidos para recibir la infiltración armada. Según la versión oficial, se encuentra confeso. Las investigaciones siguen abiertas sobre la identidad de los otros tres fallecidos, en un hecho que ocurre en medio de una fuerte tensión entre Washington y La Habana y de varios antecedentes similares reportados en años recientes.
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