El régimen en Cienfuegos volvió a exhibir su desprecio por las necesidades básicas de la gente al admitir que, de las 640 toneladas de pescado previstas para la pesca de plataforma en 2026, apenas 128 llegarán a la población. El resto queda en la nebulosa de una administración que reparte la comida como si se tratara de un privilegio político y no de una necesidad elemental.
La cifra, divulgada durante una reunión del Consejo Provincial de Gobierno con la presencia de Manuel Marrero, deja al desnudo la distancia entre el discurso oficial y la vida real en Cuba. En una isla rodeada de mar, el pescado sigue siendo un producto escaso, caro y casi inaccesible para la mayoría, mientras el aparato estatal decide qué se vende, cuánto se vende y para quién se vende.
Durante años, el pescado ocupó un lugar mucho más visible en la alimentación cubana. Llegó a integrarse a la libreta de abastecimiento y hasta se distribuyó medio kilo per cápita del llamado jurel o chicharro. Después vino el reemplazo por pollo importado y, con él, la desaparición paulatina de un alimento que en cualquier país costero debería estar al alcance de la población.
La propia prensa oficial llegó a reconocer en 2017 que se eliminaba el concepto de pollo por pescado dentro del reordenamiento de la canasta familiar. Aquella maniobra confirmó una realidad que el régimen ha normalizado: la población queda al final de la fila mientras el Estado administra la escasez con criterios opacos y arbitrarios.
Hoy el pescado y los mariscos solo aparecen con cierta regularidad en el mercado informal, a precios inalcanzables para la mayoría de los cubanos. El resultado es el de siempre: una dieta empobrecida, una mesa vacía y un país con costas por todas partes donde comer pescado se ha convertido en lujo. Cienfuegos solo pone una vez más sobre la mesa el fracaso de un sistema incapaz de garantizar lo más básico.
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