El régimen cubano cerró con cadena perpetua el caso contra Alejandro Gil Fernández, ex ministro de Economía y una de las figuras más visibles del gabinete de Miguel Díaz-Canel hasta su caída en 2024. El Tribunal Supremo Popular lo declaró culpable de espionaje, cohecho, sustracción y daño de documentos, además de otras violaciones vinculadas con la protección de información clasificada, en un proceso que vuelve a exponer la podredumbre interna del aparato de poder en la isla.
La sentencia no llegó sola. El tribunal sumó otro castigo de 20 años de prisión por un segundo expediente penal por cohecho para cometer falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal, todos con carácter continuado. La propia justicia del régimen dio por probada una cadena de delitos que involucra abuso de cargo, manejo fraudulento de papeles oficiales y uso personal de posiciones estatales para obtener beneficios indebidos.
El primer juicio se celebró en La Habana entre el 11 y el 13 de noviembre. Después vino un segundo proceso, del 26 al 29 del mismo mes, que terminó de sellar la condena. Según la versión oficial, en ambos expedientes pesaron conductas consideradas “altamente lesivas” para la seguridad del Estado y una supuesta “traición a la Patria” que el tribunal presentó como la falta más grave.
Las autoridades judiciales sostienen que Gil usó sus cargos para recibir sobornos y pagos de firmas extranjeras, influir sobre otros funcionarios y legalizar la adquisición de bienes mediante documentación manipulada. En la práctica, el caso deja al descubierto el tipo de corrupción que prospera bajo la cobertura del poder político y que el régimen solo persigue cuando el expediente alcanza la cima de la estructura.
Gil fue ministro de Economía y Planificación entre 2018 y 2024, además de vice primer ministro y miembro del Comité Central del Partido Comunista. Durante ese período se convirtió en un rostro central de las reformas económicas oficiales y en uno de los colaboradores más cercanos de Díaz-Canel, justo cuando la crisis de la isla se hundía en escasez, inflación y malestar social.
Su destitución, anunciada en febrero de 2024, se presentó al inicio como un simple relevo por fallas en la aplicación de políticas económicas. Un mes después, Díaz-Canel admitió que estaba bajo investigación por “graves errores” relacionados con corrupción. A finales de octubre, la Fiscalía confirmó once cargos penales, incluidos delitos económicos, administrativos y de seguridad del Estado, y dejó claro que el proceso iba mucho más allá de una sanción disciplinaria.
La caída de un exministro y vice primer ministro constituye un hecho excepcional incluso para una dictadura acostumbrada a ocultar sus propias fracturas. El mensaje político es evidente: el régimen intenta exhibir mano dura contra la corrupción mientras protege su estructura de privilegios y descarga la culpa sobre una figura que durante años formó parte del núcleo del poder.
Gil había defendido medidas económicas profundamente cuestionadas, entre ellas la unificación monetaria y la reestructuración del comercio estatal. Con su condena, el régimen no solo ajusta cuentas con un antiguo hombre de confianza; también confirma el fracaso de un modelo que se descompone desde dentro y que solo sobrevive a fuerza de control político, castigo selectivo y propaganda oficial.
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