El Congreso dio este jueves luz verde a la reforma penal impulsada por Junts para endurecer el castigo a la multirreincidencia, con el apoyo de PSOE, PP, Vox, PNV y UPN. La norma salió adelante pese al rechazo frontal de Sumar y de varios socios de izquierda, y dejó otra grieta a la vista dentro del bloque que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez.
La votación confirmó el peso que han ganado los pactos parlamentarios a costa de la coherencia política. Junts colocó sobre la mesa una de sus exigencias para desbloquear otras leyes y el Ejecutivo terminó reactivando una propuesta que había permanecido meses en el cajón. El resultado fue una mayoría armada con concesiones cruzadas y cálculo puro.
En el debate, Junts defendió que la ley nace del territorio y llega tarde después de bloqueos y dilaciones. Su portavoz la presentó como una respuesta a la impunidad y como una herramienta útil para jueces, fiscales y policías. Desde el PP, Cuca Gamarra sostuvo que el pequeño delito repetido deja de ser pequeño cuando se reincide y dio por hecho que reincidir en España ya no sale gratis.
Del lado contrario, Sumar cargó contra una reforma que, según su criterio, golpea a los delincuentes de poca monta mientras deja impunidad para los fuertes. Bildu, Podemos y Compromís se alinearon en el rechazo, con el argumento de que el endurecimiento penal responde al populismo punitivo y no corrige el fondo del problema. ERC optó por abstenerse tras pactar un aumento de la plantilla judicial para Cataluña.
La reforma todavía debe completar su trámite en el Senado, pero ya introduce un endurecimiento claro. Prevê multas de uno a tres meses cuando lo sustraído no pase de 400 euros, y abre la puerta a penas de prisión de uno a tres años si concurren antecedentes por otros tres delitos menos graves. También añade un agravante para hurtos de móviles u otros dispositivos con datos personales, aunque excluye el caso de teléfonos nuevos robados en una tienda.
El texto extiende además el castigo por multirreincidencia a ciertas estafas y permite medidas cautelares como la prohibición de acudir a determinados lugares o acercarse a personas concretas. En otra enmienda pactada por PP, PNV y Junts, se fijó una pena de prisión de uno a cinco años para el llamado petaqueo, vinculado al suministro logístico de narcolanchas.
La foto final deja una señal política nítida: PSOE, PP, Vox, Junts y PNV terminaron convergiendo en una reforma dura, mientras la izquierda que rodea al Ejecutivo quedó partida. En un Parlamento marcado por el intercambio de favores, la ley avanzó por necesidad política y por la presión de unos socios que siguen cobrando caro cada voto.
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