La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará este lunes dos demandas contra compañías que explotaron propiedades confiscadas por el régimen cubano durante la oleada de expropiaciones de los años sesenta. Los casos, Havana Docks Corporation vs. Royal Caribbean Cruises y Exxon Mobil vs. Corporación Cimex, vuelven a poner sobre la mesa el costo jurídico de una confiscación masiva que nunca fue compensada.
El tribunal llega a este punto después de que ambos litigios pasaran por cortes inferiores y tras la activación del Título III de la Ley Helms-Burton por la Administración Trump. Ese artículo, suspendido cada año desde 1996 hasta 2019, abrió la puerta para que ciudadanos y empresas estadounidenses demanden en tribunales de EEUU a quienes se beneficien de bienes expropiados en Cuba.
La batalla legal tiene un peso que va más allá de Washington. Lo que se discute aquí es si la dictadura puede seguir blindando económicamente las confiscaciones que construyeron el aparato estatal y militar que todavía controla la Isla. Para el exilio cubano y para los antiguos dueños de esos activos, el debate toca una herida vieja: la expropiación sin pago y el uso posterior de esas propiedades como soporte de un sistema que hizo de la fuerza una política de Estado.
En el caso de Havana Docks, la disputa gira alrededor de la terminal de cruceros del Puerto de La Habana, concedida a la corporación antes de la llegada de Fidel Castro al poder. La empresa demandó a Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings, Carnival Corporation y MSC Cruises S.A., luego de que esas navieras usaran la terminal para sus operaciones turísticas en Cuba. En 2019, tras la activación del Título III, un tribunal ordenó pagar millones de dólares a Havana Docks, pero en 2024 una corte de apelaciones anuló esa decisión y el caso terminó en la Corte Suprema.
Los demandados sostienen que la concesión ya había expirado cuando sus barcos fondearon en la Bahía de La Habana entre diciembre de 2015 y junio de 2019. La parte demandante responde que la confiscación del régimen congeló el reloj de esa concesión y convirtió la actividad turística en un uso comercial de propiedad robada. Ese punto resume una realidad que La Habana oficial intenta esconder detrás del discurso de soberanía: el castrismo convirtió la expropiación en base patrimonial del Estado y después quiso que terceros se beneficiaran sin consecuencias.
El segundo caso enfrenta a Exxon Mobil con CIMEX, una empresa militar cubana integrada al conglomerado de GAESA. La petrolera reclama la confiscación en 1960 de refinerías, terminales y estaciones de servicio pertenecientes a sus subsidiarias en la Isla. Exxon sostiene que nunca recibió compensación y que el Título III de la Helms-Burton le permite demandar a entidades cubanas que hoy trafican con esos activos o se aprovechan de ellos.
La discusión jurídica se centra en si CIMEX está protegida por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, que impide ciertas demandas contra gobiernos extranjeros en cortes estadounidenses. Exxon alega que el Congreso autorizó expresamente este tipo de acciones y que la protección soberana no debe servir de escudo para una empresa militar que se benefició de expropiaciones hechas por el régimen. Ahí vuelve a quedar expuesto el núcleo del modelo cubano: lo que se presentó como “nacionalización” terminó consolidando un entramado de poder económico en manos del aparato militar.
La Administración Trump respaldó a Havana Docks al pedir a la Corte Suprema una interpretación amplia del Título III, acorde con la intención del Congreso cuando aprobó la ley. Un grupo bipartidista de congresistas, encabezado por Mario Díaz-Balart, también apoyó el derecho de esas empresas a reclamar en tribunales federales por los bienes confiscados en Cuba.
Un fallo favorable a Havana Docks y Exxon Mobil abriría la puerta a nuevas demandas contra el régimen cubano y contra compañías que operaron o explotaron instalaciones confiscadas en la Isla. Para la dictadura, sería otro golpe a la impunidad con la que ha tratado de normalizar décadas de robo patrimonial; para los afectados, una vía de justicia tardía, pero necesaria.
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