La represión volvió a responder primero que cualquier explicación oficial. Al menos 14 personas han sido detenidas en Cuba tras las protestas y cacerolazos registrados desde el 6 de marzo en varias localidades del país, en jornadas marcadas por los apagones prolongados y el deterioro de la vida cotidiana, según informó Cubalex.
Las manifestaciones, concentradas sobre todo en la noche, surgieron del hartazgo de vecinos que salieron a exigir electricidad y a expresar el rechazo acumulado frente a una crisis que ya se mete en la mesa, en el sueño y en la calle. El régimen respondió con arrestos, traslados a unidades policiales y golpes en algunos casos, el mismo libreto que ha usado cada vez que la protesta rompe el cerco del miedo.
El monitoreo de la organización se apoya en reportes difundidos en redes sociales y medios independientes. En varios puntos no se documentaron detenciones, pero sí se pudo confirmar al menos 14 arrestos vinculados con estos hechos. Entre ellos figura un número indeterminado de personas detenidas en Guisa, provincia de Granma, después del incendio de una instalación estatal conocida como el restaurante El Mirador.
La secuencia de arrestos deja claro cómo el aparato represivo se activa desde el primer gesto de inconformidad. El 6 de marzo detuvieron a una persona en Centro Habana. El 7 de marzo fue arrestada y golpeada Marianela Peña Cobas en Cayo Hueso, aunque luego quedó en libertad. El 9 de marzo hubo nuevas detenciones en Guisa tras el incendio de la instalación estatal.
La presión siguió el 10 de marzo con dos arrestos en Lawton, trasladados a Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado. Ese mismo día cayó también la periodista Yunia Figueredo por participar en un cacerolazo en Jaimanitas; salió horas después. En Marianao fueron arrestadas tres personas más. Al día siguiente, en Miraflores, municipio Bolivia, provincia de Ciego de Ávila, se reportó la detención de tres manifestantes. También ese 11 de marzo fue arrestado el artista visual Dayan Melián Castro, que permanece en la unidad policial del Capri por su presunta participación en una protesta en Mantilla.
El 12 de marzo, en Bayamo, fueron detenidas la madre y la hermana del preso político Alexander Verdecia Rodríguez después de salir a la calle para exigir su liberación. Ese dato retrata con crudeza el alcance de la represión: el castigo ya no se limita al manifestante, también cae sobre la familia que intenta defenderlo.
Hasta ahora, Cubalex ha podido confirmar la identidad de ocho de los detenidos. Al menos dos ya fueron liberados. Del resto no hay información confirmada sobre su situación actual, una opacidad que vuelve a dejar en manos de la Seguridad del Estado el control de quién sale, quién sigue preso y quién desaparece del radar público por horas o días.
La propia organización resumió el cuadro con una frase que el régimen conoce bien y sigue confirmando en cada crisis: las detenciones ocurrieron en medio de protestas motivadas por los apagones y el deterioro de las condiciones de vida, mientras el Estado cubano responde con represión y criminalización de la protesta. En Cuba, cuando la gente protesta por luz, comida o dignidad, el poder contesta con policías, expedientes y miedo.

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