La última presentación del régimen para administrar la escasez de combustible y electricidad encontró la respuesta de siempre en la calle y en las redes: burla, cansancio y rechazo frontal. Mientras las autoridades intentan vender como “contingencia” lo que en la práctica es otro paquete de recortes para sobrevivir al apagón, los cubanos volvieron a señalar el origen del desastre: un sistema agotado que lleva décadas incapaz de garantizar lo básico.
El anuncio fue encabezado por el nuevo viceprimer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, quien adelantó que las medidas ya venían preparándose desde febrero. Su mensaje buscó proyectar control, pero el propio contenido confirmó lo contrario. El régimen admite que las reservas se reducen día a día y que la isla entra en una fase de racionamiento más dura, con prioridad para salud, agua, defensa, orden interior y sectores que generan divisas. La venta de combustible a la población quedará prohibida.
En ese cuadro, el transporte también queda golpeado. Las autoridades dispusieron una reducción de ómnibus nacionales a una salida diaria por provincia, trenes nacionales cada ocho días y la suspensión temporal de trenes locales y listas de espera. Solo dos viajes marítimos semanales irán a la Isla de Pinos. Son medidas que confirman el estrechamiento extremo de un país donde moverse ya es un privilegio, no un derecho.
La educación sufrirá otro ajuste. La primaria seguirá presencial, mientras que en el nivel medio las secundarias y preuniversitarios funcionarán en una sola sesión, en días alternos y por bloques de asignaturas. Las universidades quedarán casi sin margen para la presencialidad. Al mismo tiempo, el régimen pretende empujar teletrabajo, reubicación laboral y, en algunos casos, interrupción pagada. Es la misma fórmula de sobrevivencia administrativa que la dictadura repite cada vez que la crisis la desborda.
Las redes sociales reflejaron el hartazgo acumulado. Muchos usuarios calificaron las medidas como “más de lo mismo” y recordaron que estos planes se reciclan desde 1959, mientras el país sigue hundido por la incapacidad del poder para sostener servicios elementales. Las respuestas fueron más duras que cualquier comunicado oficial: reclamaron que los dejen caer, que renuncien y que se vayan del poder al que se han aferrado durante más de seis décadas.
El malestar también apunta al doble rasero de la cúpula. Mientras la población sobrevive con dos o tres horas de electricidad, sin agua, sin gas, con escasez de alimentos y medicamentos, los cubanos denuncian que las restricciones nunca alcanzan a los privilegiados del régimen ni a sus familias. En ese contraste se resume el fracaso político y moral de la élite gobernante: exige sacrificios al pueblo mientras protege su propio circuito de privilegios.
Las autoridades insisten en que Cuba no colapsará y que las decisiones buscan sostener la vida nacional en condiciones extremas. Pero la advertencia de Naciones Unidas, que habló esta semana de un riesgo real e inminente de colapso humanitario, dejó al desnudo la dimensión de la crisis. António Guterres expresó una preocupación extrema y llamó al diálogo entre Estados Unidos y Cuba, una señal más de que el problema ya trasciende la propaganda local y se ha convertido en una emergencia nacional causada por el fracaso del régimen.
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