Yunia Figueredo, activista y periodista independiente, fue detenida este martes en Jaimanitas, en el municipio Playa de La Habana, después de participar en un cacerolazo contra los apagones que golpean a la zona. La denuncia la hizo su esposo, el también comunicador Frank Correa, en medio de un nuevo operativo policial en el barrio.
La detención ocurrió cerca de las 5:00 de la tarde, mientras la comunidad seguía a oscuras por la falta de electricidad. Según el reporte difundido por la periodista Yaima Pardo, los agentes tiraron al suelo el teléfono de Figueredo durante el arresto. La escena resume el método del régimen cuando los vecinos protestan por el colapso energético: presencia policial, intimidación y castigo inmediato.
Hasta ahora se desconoce su paradero. Ese dato por sí solo basta para medir la gravedad del caso. En Cuba, una detención sin información clara sobre la persona arrestada no solo afecta a la familia; confirma el margen de impunidad con que actúan las fuerzas del orden cuando la protesta sale de los cauces que tolera el poder.
El arresto llega en medio de varias noches consecutivas de cacerolazos y manifestaciones en distintos puntos de La Habana. La rabia ciudadana nace de los apagones prolongados y de una crisis energética que ya no se puede esconder detrás de discursos oficiales. Cada barrio que golpea cazuelas está dejando constancia de un país agotado, donde la vida diaria se rompe entre la oscuridad, la incertidumbre y la vigilancia.
Organizaciones y periodistas independientes han denunciado que las autoridades responden a esas protestas con detenciones y operativos policiales. Esa reacción vuelve a colocar al régimen frente a su responsabilidad política: en vez de resolver el desastre eléctrico que castiga a la gente, usa la fuerza para contener el descontento y tratar de sofocar la protesta antes de que se extienda.
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