Venezuela abrió esta semana la puerta a un convenio minero de gran escala con Estados Unidos y la comercializadora Trafigura, centrado en la exportación de entre 650 y 1.000 kilogramos de oro bajo supervisión y arreglos separados con Washington. El pacto, negociado con la estatal Corporación Venezolana de Guayana Minerven, apunta a sacar ese metal por rutas formales y dejar atrás circuitos de contrabando que antes lo empujaban hacia Turquía e Irán.
El negocio, valorado en más de 150 millones de dólares, exige una pureza final del 98% y se presenta como una apuesta para mover capitales por canales transparentes. En el papel, el acuerdo busca cerrar fugas por redes de corrupción y colocar el oro venezolano en refinerías de Estados Unidos, con una estructura que beneficie a ambas partes.
La visita del secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, a Miraflores dejó otra señal política de peso: Washington está dispuesto a entrar en el tablero de los minerales críticos venezolanos, más allá del petróleo. Burgum sostuvo reuniones con Delcy Rodríguez y con más de dos docenas de empresas mineras estadounidenses, entre ellas Peabody Energy, Hartree Partners y Trafigura.
Rodríguez habló de una agenda para atraer inversión extranjera, revisar flujos de capital y meter nuevas tecnologías en la minería. También anunció que llevará a la Asamblea Nacional una reforma a la Ley de Minas para reducir burocracia y facilitar la explotación de oro, diamantes y minerales raros por compañías foráneas. El modelo que quieren repetir es el de la Ley de Hidrocarburos, aprobado para dejar ganancias a ambas partes.
El movimiento revela la manera en que el régimen de Nicolás Maduro busca oxígeno económico en áreas estratégicas mientras vende cooperación internacional como éxito diplomático. La misma estructura que durante años alimentó contrabando, opacidad y fuga de recursos ahora intenta presentarse como plataforma para inversiones limpias y empleo bien pagado.
Para Cuba, la lectura es conocida. Los regímenes socialistas terminan atados a la ruina productiva, a la dependencia de capital externo y a la manipulación de sus recursos como salvavidas político. En Venezuela, como en la isla, la retórica de soberanía convive con la necesidad de abrir espacios al capital extranjero después de haber destruido la capacidad interna de producir riqueza con reglas claras y sin corrupción.
Lo que Caracas exhibe como acuerdo histórico confirma, otra vez, que el control estatal absoluto sobre los recursos no trae prosperidad ni orden. Trae burocracia, arbitrariedad y redes de poder que solo se corrigen cuando el sistema ya no puede sostener por sí mismo la miseria que creó.
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