La Cancillería de Panamá confirmó que su embajador en La Habana hará este viernes la primera visita consular a los diez ciudadanos panameños detenidos en Cuba, mientras sigue abierta una investigación judicial contra ellos por presuntamente pintar consignas contra el régimen. El caso deja al descubierto, una vez más, cómo la maquinaria cubana responde con detenciones y proceso penal ante cualquier gesto que interprete como desafío político.
El canciller Javier Martínez-Acha explicó que Panamá activó la asistencia diplomática desde el momento en que conoció la detención y que el embajador Edwin Pitty Madrid acudió a la Cancillería cubana para exigir información oficial y reunirse con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del sistema penal de la isla. En esos contactos, las autoridades cubanas ratificaron que los diez panameños permanecen bajo investigación.
Martínez-Acha dijo además que en total eran veinte los panameños involucrados en los hechos, aunque diez lograron salir de Cuba antes de las detenciones. Los otros diez siguen en manos del aparato judicial cubano, con la promesa oficial de que tendrán acceso a defensa legal y, si Panamá lo solicita, incluso a asesoría externa. En un país donde la ley suele funcionar bajo control político, esas garantías llegan siempre bajo sospecha.
El canciller panameño también informó que mantuvo una conversación directa con su homólogo cubano sobre el caso y que el gobierno de la isla aseguró que los detenidos están siendo tratados adecuadamente. Panamá, por su parte, prometió informar a las familias en cuanto tenga detalles oficiales y coordinar una posible visita de familiares a La Habana si las condiciones lo permiten.
La detención de ciudadanos extranjeros por presuntas pintadas contra el régimen cubano confirma el nivel de intolerancia política con que opera el poder en la isla. La respuesta de La Habana vuelve a pasar por el castigo, la vigilancia y el expediente penal, mientras otros gobiernos apenas logran arrancar información básica y acceso consular para sus nacionales.
El caso también exhibe el costo diplomático que arrastra Cuba cuando convierte una protesta simbólica en asunto policial y judicial. Para los panameños atrapados en este proceso, la promesa de defensa legal depende ahora del mismo sistema que los tiene detenidos. Para el régimen, la señal es la de siempre: ni siquiera la presión consular frena su reflejo represivo.
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