La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba lanzó una campaña para exigir que se cierre el vacío legal del T-MEC que, según denuncia, permite al régimen cubano seguir lucrando con el trabajo forzado de miles de médicos enviados al extranjero. Bajo el lema “Actúa Ahora: Pon Fin a la Trata de Personas de Cuba a México”, la iniciativa apunta directo a una de las operaciones más rentables del aparato de poder de La Habana.
El caso de México vuelve a poner sobre la mesa el negocio de las misiones médicas, una fuente de divisas construida sobre el control, la amenaza y la confiscación de derechos básicos. La propia denuncia sostiene que más de 3,500 médicos cubanos trabajan allí bajo un esquema calificado como trata de personas patrocinada por el Estado. A esos profesionales les retienen el pasaporte, les quitan hasta el 95% del salario y presionan a sus familias en Cuba para frenar cualquier intento de deserción.
Tony Costa, presidente de la FHRC, fue tajante al describir el mecanismo: “Estamos hablando de tráfico humano con fines de lucro. El régimen cubano ha ganado miles de millones de dólares vendiendo el trabajo de sus médicos”. También señaló a México como parte del engranaje que sostiene esa explotación.
La campaña se apoya en una grieta del artículo 23.6 del T-MEC, que prohíbe el trabajo forzoso solo cuando afecta el comercio o la inversión. Esa redacción ha servido de amparo para que gobiernos como el mexicano mantengan la contratación de personal cubano en condiciones de servidumbre moderna. Maite Luna, periodista e investigadora asociada a la fundación, advirtió que esa cláusula “protege a regímenes autoritarios y les da margen para seguir operando sin consecuencias”.
La organización pidió a ciudadanos, legisladores y entidades cívicas participar en la consulta pública abierta por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y exigir una modificación del tratado. El objetivo es claro: eliminar la trampa legal y prohibir todas las formas de trabajo forzoso, sin dejar espacio a interpretaciones convenientes para dictaduras que convierten a sus médicos en mercancía.
El negocio de exportar personal sanitario se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos del régimen cubano. De acuerdo con las estimaciones citadas por la FHRC, La Habana llegó a recaudar más de 11,000 millones de dólares al año por ese concepto. Hoy la cifra ronda los 4,000 millones anuales, pero el sistema sigue funcionando sobre la misma base de abuso.
Los médicos son obligados a firmar contratos sin garantías laborales, vigilados por agentes de la Seguridad del Estado y castigados con la prohibición de regresar a Cuba durante ocho años si abandonan la misión. Parte de sus salarios queda atrapada en cuentas inaccesibles en la isla, un mecanismo que convierte el trabajo en una forma institucionalizada de servidumbre.
La campaña también subraya el daño interno que provoca esa exportación masiva. Mientras el régimen destina recursos a hoteles y propaganda, los hospitales cubanos se caen a pedazos, las farmacias permanecen vacías y millones de familias sobreviven sin medicamentos esenciales. El éxodo de galenos y el desgaste profesional han dejado al sistema de salud en una crisis que el poder intenta ocultar con discursos y remesas de médicos esclavizados.
FHRC plantea además una cuestión de credibilidad para Estados Unidos. Mantener en el T-MEC una cláusula que tolera el trabajo forzoso bajo el argumento de que no afecta el comercio deja abierta la puerta a la complicidad indirecta con la trata organizada por gobiernos autoritarios. La campaña exige que el artículo 23.6 prohíba sin excepciones toda forma de trabajo forzoso y de explotación estatal.
Este año, el régimen cubano volvió a figurar en el nivel más bajo del Informe sobre la Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, que recoge un “patrón gubernamental” de explotación laboral en las misiones médicas de la isla. El señalamiento confirma lo que las denuncias independientes repiten desde hace años: la exportación de médicos es un negocio político y financiero que sostiene la represión interna y depreda la dignidad de quienes deberían estar cuidando vidas, no sirviendo de fuente de divisas para la dictadura.
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