Cinco cazas F-35 de Estados Unidos aterrizaron el sábado en Puerto Rico, en medio del refuerzo militar ordenado por Donald Trump en el Caribe para operaciones contra los cárteles de la droga, según reportó Reuters. La llegada de estos aviones furtivos coloca a la isla en el centro de una movilización que ya escaló la tensión entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro.
Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron el arribo de las aeronaves a la antigua base naval Roosevelt Roads, ubicada en Ceiba. En los últimos días, medios también han señalado la presencia en esa instalación de helicópteros, aviones Osprey, otras aeronaves de transporte y personal militar estadounidense. Puerto Rico funciona así como plataforma de apoyo para un despliegue que Washington presenta como una misión contra el narcotráfico y Caracas intenta vender como una amenaza directa contra su poder.
Fuentes citadas por Reuters indicaron que la administración estadounidense ordenó la semana pasada el envío de 10 aviones de combate F-35 a Puerto Rico. Al anunciar el plan, Trump sostuvo que Estados Unidos no buscaba cambiar el gobierno de Venezuela. La declaración intenta marcar distancia de una operación política abierta, aunque el mensaje militar resulta evidente: la Casa Blanca está moviendo activos de alto nivel en una zona donde el chavismo ha convertido cada presión externa en combustible para su retórica de plaza sitiada.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó Puerto Rico y habló ante marines desplegados en el Caribe. Allí afirmó que la movilización en curso no era un entrenamiento, sino una misión en nombre de los intereses nacionales de Estados Unidos para acabar con el narcotráfico. Esa frase resume el tono de Washington: presencia militar, objetivos declarados contra las redes criminales y una advertencia de fondo para los regímenes que han usado el Caribe como espacio de impunidad política.
Caracas respondió el mismo sábado con una denuncia contra un buque militar estadounidense, al que acusó de realizar un asalto “ilegal y hostil” contra una pequeña embarcación de pesca en aguas venezolanas. La acusación forma parte de la escalada verbal del chavismo, que busca presentar cada movimiento de Estados Unidos como una agresión imperial, mientras evita enfrentar el centro del señalamiento: las operaciones anunciadas por Washington contra el narcotráfico en la región.
Maduro ha rechazado las acusaciones de narcotráfico contra su país y las comparó con la afirmación de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Según su versión, Venezuela “no es un país relevante en materia de narcotráfico”. También citó datos de la ONU para insistir en que la cocaína se produce en Colombia, país al que atribuyó más de 400.000 hectáreas de hojas de coca. Es el libreto habitual del régimen venezolano: negar las acusaciones, desplazar la culpa y convertir cualquier presión internacional en una narrativa de victimización.
En una conversación con RT, Maduro acusó además a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, de convertir a la isla en el epicentro de una “operación militar” contra Venezuela. El jefe del chavismo aseguró que su país tiene al frente ocho barcos de guerra y destructores en el Caribe, y comparó la situación con la crisis de octubre de 1962, cuando Estados Unidos impuso el bloqueo naval a Cuba. La referencia no es casual: el chavismo se presenta como heredero de las mismas trincheras ideológicas que han sostenido durante décadas a las dictaduras de izquierda en la región.
El despliegue estadounidense en el Caribe sur había sido adelantado en agosto por medios internacionales como parte de una operación para enfrentar a los cárteles de la droga. En paralelo, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto de Nicolás Maduro bajo la acusación de liderar un cártel de narcotráfico. Caracas respondió denunciando maniobras para forzar un cambio político y apoderarse de los recursos naturales venezolanos.
Frente a ese escenario, Maduro llamó al alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana para la defensa de la soberanía nacional. También se ha declarado abierto al diálogo con Trump, siempre que no se imponga lo que llamó la “diplomacia de las cañoneras” del secretario de Estado, Marco Rubio. La combinación de llamado militar interno y oferta condicionada de diálogo revela el cálculo del régimen: mostrar fuerza hacia dentro, victimizarse hacia fuera y ganar tiempo en medio de una presión que crece.
La tensión ya había subido el 5 de septiembre, cuando el Pentágono denunció que dos aviones militares venezolanos sobrevolaron cerca de un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales. Washington calificó el episodio como un movimiento “provocador” destinado a interferir con sus operaciones contra el narcoterror en la zona. Después, Trump amenazó con derribar aviones militares venezolanos si ponían a Estados Unidos en una “posición peligrosa”.
Maduro, por su parte, declaró que Venezuela pasará a la lucha armada si es objeto de una agresión y exigió a Washington abandonar lo que llamó un plan de cambio de régimen violento en Venezuela y en América Latina y el Caribe. Mientras tanto, los F-35 ya están en Puerto Rico, y el Caribe vuelve a quedar bajo una presión militar y política que ningún régimen autoritario de la zona puede ignorar.
Sé el primero en comentar