El entierro de Yan Carlos González González en Manacas, municipio villaclareño de Santo Domingo, dejó una imagen difícil de borrar: familiares, amigos y vecinos despidiendo a un preso político que murió después de sostener una huelga de hambre de más de 50 días para denunciar una acusación que él rechazó hasta el final. La despedida ocurrió en un clima de tensión, con dolor acumulado y con la certeza, repetida por sus allegados, de que el régimen lo empujó a una muerte evitable.
González, de 44 años, falleció el lunes 7 de julio en el Hospital Provincial Arnaldo Milián. Había sido trasladado allí desde la prisión La Pendiente con un cuadro de salud extremo y un “pronóstico reservado”, según denunció la organización de derechos humanos Cubalex, que venía alertando sobre su deterioro y sobre la desatención médica dentro del sistema penitenciario cubano.
En el cementerio, una persona cercana al fallecido compartió una frase que atribuyó al propio Yan Carlos antes de morir. Su mensaje era el de un hombre dispuesto a pagar por un delito cometido, pero decidido a no aceptar una culpa ajena: “Yo no le cumplo a nadie… si yo lo hice, yo me muero cumpliendo lo que yo hice, porque yo sé que lo hice y me callo la boca porque lo hice, pero si no lo hice, me voy con los pies por delante de esta prisión”.
Otra testigo afirmó que él le había dicho algo similar durante una visita en la cárcel. Según relató, González sostuvo que saldría libre o “con los pies por delante”, porque no iba a cumplir 20 años por algo que aseguraba no haber hecho. También señaló que la persona responsable del hecho seguía en la calle, mientras la culpa recaía sobre él.
El sepelio cerró con gritos de “¡Viva Yan Carlos!”, una expresión de duelo y homenaje que también funcionó como denuncia pública. En Cuba, hasta un entierro puede convertirse en un acto vigilado cuando la muerte expone la maquinaria penal de la dictadura: acusaciones débiles, cárcel, hambre, enfermedad y silencio oficial.
El caso se originó tras el incendio de un cañaveral ocurrido el 16 de mayo de 2024 en Santo Domingo. De acuerdo con Elena Pérez Uz, esposa de González, al día siguiente fue arrestado sobre la base de un testimonio que lo vinculaba a una supuesta amenaza de prender fuego a campos de caña si continuaban los apagones. Para la familia, esa fue la pieza usada por el sistema para convertirlo en culpable sin pruebas suficientes.
Cubalex denunció que Yan Carlos González fue “acusado sin pruebas” por el supuesto incendio de varios cañaverales y que inició su protesta en abril de 2025, después de conocer una petición fiscal de 20 años de cárcel. Su esposa sostuvo que el activismo cívico de González lo puso en la mira del aparato represivo y que el propio juicio terminó marcando su caso como político.
“El sistema lo convirtió en un preso político porque al juzgarlo sin pruebas lo convirtió en un preso político y allí [en el juicio] el abogado lo dijo”, afirmó Pérez Uz. Esa frase resume el fondo del caso: un proceso penal utilizado como castigo contra un ciudadano señalado por el poder, sin las garantías mínimas que debe proteger cualquier justicia verdadera.
Según la familia, González comenzó a reducir la alimentación el 4 de abril y dejó de comer completamente el 17 de mayo, fecha que coincidía con el aniversario de su arresto. La huelga de hambre se extendió por más de 50 días. Cubalex confirmó además que se cosió los labios y los párpados como forma extrema de protesta, una decisión desesperada de quien sentía cerradas todas las vías legales para defender su inocencia.
La denuncia médica es igual de grave. De acuerdo con su esposa, cuando llegó al hospital presentaba una deshidratación severa y los riñones ya estaban comprometidos. También sufría neumonía severa, fallo renal y sangrado hepático. La activista Isis Ro afirmó que fue excarcelado cuando ya estaba moribundo y que para entonces era demasiado tarde.
La muerte de Yan Carlos González carga sobre el sistema penitenciario cubano y sobre los tribunales que sostienen condenas y peticiones fiscales bajo un patrón de subordinación política. Un preso en huelga de hambre durante semanas, con señales evidentes de deterioro, bajo custodia estatal y con denuncias reiteradas de abandono médico, no desaparece de la responsabilidad del régimen por el simple hecho de haber sido llevado a un hospital en el tramo final.
El drama tampoco queda reducido a una familia de Villa Clara. Cubalex ha documentado que en los primeros seis meses de 2025 al menos 37 personas murieron bajo custodia en Cuba, 23 de ellas en centros penitenciarios. Esa cifra coloca la muerte de González dentro de un patrón de negligencia, encierro y desprotección que golpea a presos comunes y políticos, mientras la dictadura administra las cárceles como zonas cerradas al escrutinio público.
Yan Carlos González murió defendiendo su inocencia, según sus allegados, después de una protesta llevada hasta el límite del cuerpo. Su funeral en Manacas dejó al descubierto una verdad que el régimen intenta sepultar con cada preso que enferma o muere bajo custodia: en las prisiones cubanas, la vida de un ciudadano depende de un poder que castiga primero y responde tarde, cuando responde.
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