Honduras cerró el paso a otro de los negocios más sensibles del régimen de La Habana y la respuesta de Washington fue inmediata. El subsecretario de Estado Jeremy Lewin celebró la decisión del gobierno hondureño de no renovar el programa de médicos cubanos y la presentó como una ruptura con un esquema de explotación que sostiene ingresos para la dictadura.
Lewin felicitó a Tegucigalpa por afirmar su “soberanía sanitaria” y por poner fin a la dependencia de las Brigadas Médicas Cubanas. En su mensaje en X, fue directo al señalar esas misiones como “uno de los peores ejemplos de la trata de personas moderna”, con trabajadores enviados al extranjero para producir dinero para un régimen en crisis. La frase resume una denuncia que vuelve a golpear el corazón del negocio médico cubano: cooperación en el discurso, captura estatal de los recursos en la práctica.
El convenio expiró este miércoles y el gobierno del presidente Nasry Asfura decidió no renovarlo. Bajo ese acuerdo habían trabajado en Honduras unos 130 médicos cubanos, según el material disponible, en condiciones denunciadas como esclavitud moderna. El pacto había sido firmado en febrero de 2024 por el gobierno de la izquierdista Xiomara Castro, aliada de La Habana, y estaba previsto para renovarse cada dos años.
La opacidad con que operó el arreglo deja otro retrato incómodo del castrismo. Las autoridades hondureñas nunca divulgaron cuánto ganarían los médicos cubanos ni cómo sería su pago. Ese hermetismo encaja con el modelo que el régimen ha exportado durante años: acuerdos firmados en nombre de la salud pública, pero blindados por el secreto y diseñados para asegurar ingresos a la estructura de poder cubana.
José Argueta, secretario de Comunicaciones del gobierno de Asfura, explicó que la salida de los médicos cubanos responde a una decisión de política exterior. Con esa ruptura, Honduras se suma a una lista de países que en los últimos meses han cancelado convenios semejantes y le cierran al régimen una de sus principales fuentes de divisas en medio de la crisis.
Guatemala ya había adelantado que no renovaría un convenio de salud con Cuba vigente hasta 2027 e involucrado a unos 400 profesionales. En abril de 2025, Paraguay anunció que terminaría los vínculos de un memorando de salud firmado con La Habana a finales de 2024. Más tarde, Bahamas canceló las contrataciones a través del régimen y propuso nuevos términos directamente a los trabajadores de la salud. Antigua y Barbuda también dio por terminado un convenio de 25 años con La Habana.
La presión sobre ese sistema no se limita a Centroamérica y el Caribe. La administración Trump endureció la ofensiva diplomática en defensa de los profesionales cubanos y en febrero del año pasado el Departamento de Estado anunció restricciones de visas para funcionarios cubanos y extranjeros vinculados con las misiones médicas de la isla. Lewin volvió a poner el tema en la agenda al insistir en la dimensión de explotación laboral detrás del negocio.
El golpe alcanza también a Europa. Esta semana, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, se reunió con el gobernador de Calabria, Roberto Occhiuto, para hablar sobre el programa de médicos cubanos contratado en esa región italiana tras un convenio con el régimen. Según lo trascendido de esa reunión, Occhiuto expuso las necesidades sanitarias de Calabria y se comprometió a buscar una salida para que los galenos puedan trabajar de forma independiente, sin control de La Habana.
La seguidilla de cancelaciones deja al castrismo cada vez más expuesto. Detrás del relato de solidaridad internacional, varios gobiernos están desmontando un sistema que sirve para sostener la caja del régimen y para someter a sus propios profesionales. Cada convenio que cae no solo reduce ingresos: también revela hasta qué punto la exportación de médicos ha funcionado como brazo económico y político de la dictadura cubana.
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