Las autoridades de Matanzas ordenaron que cada municipio garantice a diario comida elaborada para al menos un tercio de su población, una admisión clara de que la crisis de combustible y la emergencia energética han roto la capacidad del régimen para sostener la alimentación básica en la provincia.
La directriz salió de un análisis provincial divulgado por el periódico oficialista Girón, donde se reconocen, sin rodeos, las limitaciones de las medidas aplicadas hasta ahora. El propio reporte admite que la respuesta local sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del desabastecimiento y el deterioro de los servicios que golpean a las familias.
Para cumplir la meta, las autoridades apelan al carbón para cocinar y para producir pan, una salida improvisada que retrata el nivel de precariedad al que ha empujado al país la administración castrista. En vez de garantizar suministro estable de gas, electricidad y combustible, el régimen traslada la carga a los territorios y convierte la escasez en rutina administrativa.
El problema no termina en la cocina. El informe oficial también recoge la alarma por el aumento descontrolado de los precios y por el rechazo de algunos negocios a aceptar pagos digitales, un síntoma más de un mercado desordenado, sin confianza y sin reglas que protejan al consumidor. En ese terreno, la población paga doble: con salarios devaluados y con alimentos cada vez más inaccesibles.
Las autoridades provinciales emplazaron además a las empresas estatales de comercio a ofrecer opciones baratas como croquetas, masas para pizzas, espaguetis, fideos, galletas, caldos y dulces. La lista habla por sí sola: lo que se presenta como estrategia alimentaria en realidad confirma la pobreza de la oferta y la dependencia de productos de bajo costo para tapar un hueco mucho más profundo.
Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido en Matanzas, pidió acelerar la distribución de la canasta básica, impulsar canastas locales y reforzar la seguridad en las bodegas. Ese lenguaje oficial, repetido una y otra vez, deja ver el fracaso de un sistema que ni produce lo suficiente ni distribuye con eficiencia, y que termina reduciendo el derecho a la alimentación a una operación de emergencia permanente.
El anuncio de una nueva forma de distribución de la canasta familiar normada, con subsidios dirigidos a las personas y no a los productos, encaja en la misma lógica de parche y ajuste sobre la marcha. En medio de la crisis económica, cualquier cambio de ese tipo cae sobre hogares ya castigados por la escasez, la inflación y la incertidumbre, sin que el régimen ofrezca una solución real al fondo del problema.
Matanzas vuelve a mostrar lo que ocurre en toda Cuba cuando el Estado se queda sin capacidad para responder: improvisación, más control, menos oferta y más carga para la gente. La comida diaria, que debería estar garantizada por una economía funcional, queda otra vez reducida a una combinación de disciplina local, carencias extremas y propaganda oficial.
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