La filtración de documentos internos de GAESA volvió a sacar a la luz la verdadera dimensión del poder económico que manejan los militares en Cuba. El conglomerado, presentado durante años como una pieza técnica de la administración estatal, aparece en estos papeles como lo que es: una estructura opaca que domina sectores decisivos de la economía y responde al control directo o indirecto del aparato castrense.
La investigación publicada por la periodista Nora Gámez en El Nuevo Herald detalla una red que abarca turismo, comercio, construcción, transporte, banca, servicios inmobiliarios y logística. Los documentos internos, entre ellos estados financieros y presentaciones corporativas, muestran decenas de empresas organizadas bajo distintas figuras legales, desde entidades estatales hasta asociaciones económicas internacionales y mipymes que en el papel pueden parecer privadas, pero orbitan dentro del mismo sistema militarizado.
GAESA funciona como una economía paralela al Estado. Desde esa plataforma, los militares controlan negocios clave como la importación de alimentos, la venta de petróleo, las remesas, las tiendas en moneda libremente convertible y buena parte del negocio hotelero. En un país hundido en salarios pulverizados, escasez y colas interminables, esa concentración de riqueza en manos de una cúpula uniforme no es un detalle administrativo: es una forma de dominación política y social.
Entre las asociaciones económicas internacionales mencionadas figuran Monte Barreto, dueña del complejo Miramar Trade Center en La Habana junto a una firma registrada en la Isla de Guernsey; Azul Inmobiliaria, que administra condominios con una empresa italiana; y Logística Hotelera del Caribe, asentada en el Mariel para abastecer hoteles con alimentos y suministros. Son negocios con apariencia formal, pero insertados en una red cerrada, diseñada para operar lejos de la transparencia pública.
El bloque de empresas estatales bajo GAESA es todavía más revelador. Ahí aparecen el Complejo de Museos Históricos Militares, que gestiona sitios como el Museo de la Revolución y las fortalezas de El Morro y La Cabaña; TRD-Caribe, una de las principales cadenas de tiendas en MLC; Aerogaviota; Almacenes Universales; Gaviota; Fincimex; CIMEX; y otras compañías ligadas al comercio, las finanzas, la logística y el turismo. El entramado no solo es amplio, también está tejido alrededor de los nodos que más dinero mueven en la Isla.
Los documentos incluyen además mipymes vinculadas a TRD Caribe, como Agencia Importadora Caribe Surl y Publicitaria Grafo Caribe Surl. La supuesta apertura que el régimen vende como modernización queda otra vez en evidencia: incluso las figuras empresariales presentadas como nuevas terminan encajadas dentro del perímetro de control militar. El cascarón cambia; el mando sigue siendo el mismo.
Uno de los nombres más sensibles es CIMEX. La corporación maneja tiendas, bancos, gasolineras, empresas logísticas, cafeterías, inmobiliarias y operaciones tecnológicas. Según un informe interno citado por El Nuevo Herald, en 2020 operaba 668 gasolineras y estaba formada por 41 empresas. La propia directora legal de Cimex, Mali Suris Valmaña, declaró que la corporación pertenece a una estructura registrada en Panamá, un dato que refuerza el uso de plataformas offshore para mover activos fuera del escrutinio nacional.
La gravedad del hallazgo no está solo en la lista de compañías, sino en lo que confirma: la economía cubana está profundamente militarizada. GAESA y varias de sus firmas, como Cimex, Fincimex y Gaviota, ya han sido sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por su vínculo con las Fuerzas Armadas y su papel en la represión del pueblo cubano. Otras empresas mencionadas en los documentos aún no han sido sancionadas, lo que les deja margen para seguir operando con menos obstáculos fuera de la Isla o mediante intermediarios.
La filtración deja al descubierto el corazón del sistema: un régimen que sostiene su control político sobre una base económica administrada por militares, con hoteles, gasolineras, remesas, transporte, inmuebles y exportaciones concentrados en pocas manos. Mientras el cubano común enfrenta una crisis humanitaria que no afloja, la élite castrense acumula poder, dinero y blindaje. Esa es la lógica real del modelo: controlar la economía para perpetuar la impunidad.
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