Más de 30 organizaciones piden a la UE revisar su política hacia Cuba

Más de 30 organizaciones de la sociedad civil cubana, entre ellas varias que operan dentro de la isla bajo riesgo y persecución, enviaron una carta al Servicio Europeo de Acción Exterior para exigir un cambio en la política de la Unión Europea hacia Cuba. La denuncia apunta a un punto central: el régimen ha convertido el diálogo con Europa en una plataforma de legitimación sin conceder libertades reales ni abrir espacio a la sociedad civil independiente.

La misiva cuenta además con el respaldo de grupos radicados en Europa, Estados Unidos, Canadá y México. En su planteamiento, las organizaciones cuestionan el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación vigente desde 2016, al sostener que no ha traído avances sustantivos en democracia ni en derechos humanos. Según esa postura, el pacto ha terminado favoreciendo al régimen cubano con reconocimiento diplomático mientras la cooperación se dirige sobre todo a estructuras estatales o cercanas al poder.

Carolina Barrero, impulsora de la iniciativa y activista de Ciudadanía y Libertad, dijo a Martí Noticias que ese acuerdo no ha producido mejora alguna para los derechos humanos en la isla y que, por el contrario, ha complacido los intereses del régimen. Su crítica resume el malestar de fondo entre quienes ven cómo Bruselas mantiene una interlocución que La Habana aprovecha, sin tocar la maquinaria de control político que castiga cualquier expresión de independencia.

Las organizaciones también expresaron preocupación por el lenguaje usado por el Servicio Europeo de Acción Exterior en una comunicación de julio pasado, cuando se refirió a los presos políticos como “detenidos”. Barrero advirtió que esa fórmula borra la naturaleza política de las condenas y repite, en la práctica, el vocabulario que usa el propio régimen para minimizar la represión y maquillar su castigo contra los disidentes.

En su reclamo, piden a la Unión Europea establecer una condicionalidad democrática clara en sus relaciones con La Habana, reconocer de forma explícita a los presos políticos, aplicar la Ley Magnitsky a responsables de violaciones de derechos humanos y garantizar que los fondos europeos lleguen a la sociedad civil independiente. También invitan a otras organizaciones a sumarse a la carta mediante un formulario en línea, con la intención de presentar nuevas adhesiones al SEAE en las próximas semanas.

Detrás de esta iniciativa hay una advertencia política que Bruselas no puede seguir ignorando: mientras la UE sostenga una relación blanda con La Habana, el régimen seguirá exhibiendo normalidad diplomática afuera y represión adentro. Las organizaciones firmantes reclaman presión real, no complacencia, y ponen sobre la mesa un hecho incómodo para cualquier interlocutor europeo: en Cuba no existe apertura democrática mientras siga intacto el aparato de poder que persigue, encarcela y excluye a quien piensa distinto.

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