Jamaica anunció que no renovará su programa de cooperación médica con el régimen cubano y le pone fecha de salida a un esquema que venía operando desde 1976. La decisión deja en el aire el modelo de “misiones” que La Habana ha vendido durante décadas como solidaridad, pero que en la práctica ha funcionado como una fuente de divisas y control político sobre sus profesionales de la salud.
El Ministerio de Relaciones Exteriores jamaicano explicó que ambos gobiernos no lograron acordar los términos de un nuevo convenio técnico después de que venciera el acuerdo anterior en febrero de 2023. Mientras tanto, cerca de 300 médicos y otros profesionales cubanos seguirán trabajando bajo los contratos que ya están vigentes, y podrán terminarlos hasta su vencimiento.
El propio Gobierno jamaicano dijo que, para no interrumpir la atención médica y proteger a esos trabajadores, está dispuesto a contratarlos de forma individual, bajo las leyes laborales locales. Ese giro es clave: separa al personal cubano de la estructura estatal de La Habana y le quita al régimen el monopolio que ha usado para administrar, vigilar y exprimir a sus profesionales fuera de la isla.
La medida llega en un momento en que varios países del Caribe están revisando sus acuerdos con Cuba. Dominica ya avisó que pasará a contratos directos con médicos y enfermeras cubanos; Honduras dejó fuera a unos 128 galenos; Bahamas canceló su vínculo con el Gobierno cubano y avanzó hacia el empleo directo; y en Guyana se detuvo el acuerdo bilateral mientras los médicos reciben pago directo conforme a la legislación local.
El derrumbe de ese esquema revela el costo real de las misiones médicas para el régimen: contratos opacos, dependencia política y una maquinaria diseñada para quedarse con el ingreso de los trabajadores. El borrador menciona restricciones severas como retención de pasaportes, vigilancia política, prohibiciones de relaciones personales con nacionales del país anfitrión y cláusulas de silencio que les impiden hablar de sus condiciones.
También deja claro otro dato que La Habana intenta ocultar: en países como Angola y Qatar, el Estado cubano llega a retener hasta el 94% del salario que pagan los gobiernos receptores por los servicios médicos. Esa práctica convierte a los médicos en mano de obra exportada bajo una lógica de control y expoliación, no de cooperación genuina.
La presión externa también pesa. El reporte recuerda que Estados Unidos ha endurecido el cerco económico sobre el régimen y ha acusado a estas misiones de constituir trabajo forzado y trata de personas. Con más países mirando de cerca el negocio, el relato oficial de La Habana pierde terreno y se vuelve más difícil de sostener.
Para Cuba, el golpe es doble. Por un lado, se reduce una de las fuentes de dinero que ha sostenido al aparato estatal durante años. Por otro, queda expuesto el modo en que el régimen trata a su propio personal sanitario: como recurso exportable, sometido a vigilancia y sin libertad real para negociar su trabajo. Jamaica abrió una grieta importante en ese sistema y el Caribe empieza a moverse en la misma dirección.
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