Jorge Legañoa salió al aire en el Noticiero Nacional de Televisión para blindar al régimen después de la orden ejecutiva firmada por Donald Trump, que declara una emergencia nacional y abre el camino a aranceles contra los países que suministren petróleo a Cuba. La respuesta del vocero repitió el guion de siempre: descalificación, victimismo y una defensa cerrada del aparato político que hundió al país en su propia ruina.
El texto de Washington coloca a Cuba como una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos y la asocia con actores y gobiernos que la Casa Blanca considera hostiles, entre ellos Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbollah. Legañoa reaccionó con burla, llamó al documento “toda una novela bien escrita” y lo redujo a una lista de mentiras destinada, según él, a justificar un acto de agresión contra la Isla.
Desde esa posición, negó que Cuba represente un peligro para la seguridad estadounidense. Para sostenerlo, aseguró que el régimen protege la frontera sur de Estados Unidos con una política de tolerancia cero frente a las drogas y el narcotráfico, y añadió que coopera con agencias norteamericanas en materia de cumplimiento de la ley. También rechazó que existan instalaciones de inteligencia extranjeras en territorio cubano, que se promueva el terrorismo desde la Isla o que se dé refugio a organizaciones de ese tipo.
Cuando se le pidieron pruebas, respondió con una pregunta. Después fue más lejos y afirmó que el régimen no persigue ni tortura a opositores políticos, una negación que choca con el historial represivo del Estado cubano y con la realidad cotidiana de quienes pagan con cárcel, hostigamiento y castigo político cualquier gesto de disidencia.
En su relato, Estados Unidos carga con toda la culpa del deterioro nacional. Legañoa acusó a Washington de promover el caos social y la desestabilización mediante la presión económica, y presentó al régimen como defensor de los derechos humanos y de una población que, según dijo, ha resistido con estoicismo décadas de agresión externa.
La propaganda oficial, sin embargo, se estrella contra la calle cubana. El país vive una de las etapas más graves de su historia reciente: apagones prolongados, transporte colapsado, escasez de alimentos y medicinas, inflación desbordada y una emigración masiva sin precedentes. A esa crisis se sumó la caída del principal sostén energético del régimen, el petróleo venezolano que durante años sostuvo un modelo improductivo y dependiente.
Legañoa insistió en que el colapso energético solo puede explicarse por la presión externa. Advirtió que un bloqueo total de los suministros de combustible paralizaría la generación eléctrica, el transporte, la industria, la agricultura, los servicios de salud y el abasto de agua, y lo describió como un “genocidio del pueblo cubano”. También mostró preocupación por la escasa reacción de la comunidad internacional ante lo que llamó un acto de agresión de la Administración Trump.
En esa línea, intentó colocar al mundo ante una supuesta disyuntiva moral sobre el uso de la fuerza entre Estados, mientras dejó fuera el dato central: el propio régimen destruyó la capacidad productiva del país, eliminó durante décadas la iniciativa privada y mantuvo un sistema centralizado incapaz de responder a las necesidades básicas de la población.
Lo que omitió es justamente lo que más lo compromete. Cuba está paralizada en muchos sectores. La producción agrícola se desplomó, los hospitales operan sin insumos básicos, el transporte público es un desastre y la generación eléctrica depende de termoeléctricas obsoletas que colapsan una tras otra. Tampoco explicó por qué millones de cubanos han abandonado la Isla en los últimos años, protagonizando el mayor éxodo de su historia.
Durante décadas, la dirigencia cubana administró la economía con ineficiencia estructural, dependencia crónica de subsidios externos y ausencia de reformas reales. El resultado es un Estado que no produce lo que consume y que solo sobrevive cuando otro gobierno lo financia. La pérdida del respaldo petrolero venezolano dejó al desnudo esa fragilidad y empujó al país a una crisis energética que amenaza con paralizar todavía más la vida nacional.
Mientras la propaganda insiste en un relato de resistencia heroica, el régimen sigue sin responder por qué, después de más de seis décadas en el poder, no logra garantizar electricidad, comida ni transporte. Legañoa cerró su intervención defendiendo un “proceso social legítimo” basado en justicia social y solidaridad internacional, pero en la calle la realidad es otra: salarios que no alcanzan, servicios colapsados y una ciudadanía agotada que paga la factura de un sistema fallido.
La reacción del vocero confirma que el régimen prefiere la confrontación y el libreto ideológico antes que reconocer errores y ofrecer soluciones reales a un país que ya no resiste más discursos.
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