Leoncio Rodríguez Ponce, preso político desde 1988, entra en una zona de peligro extremo tras iniciar una huelga de hambre el 1 de diciembre en la Prisión Provincial de Holguín. La protesta, asumida en solidaridad con Yosvany Rosell García, terminó con su traslado a una celda de aislamiento por orden del jefe de Orden Interior del penal, una represalia directa del aparato carcelario contra una acción pacífica.
El cuadro de salud del recluso vuelve aún más grave la situación. Rodríguez Ponce, de 60 años, padece hipertensión, úlceras, desnutrición severa, problemas renales y reumatismo. Con ese historial médico, cada jornada sin alimentarse empuja su vida a un escenario límite mientras el régimen responde con castigo y encierro en lugar de protegerlo.
Cubalex denunció que las autoridades penitenciarias le han negado de forma sistemática la atención médica que necesita. Esa omisión no es un descuido: forma parte del método de presión que el régimen aplica contra los presos políticos, dejándolos a merced del deterioro físico dentro de las cárceles cubanas.
La trayectoria carcelaria de Rodríguez Ponce deja ver la persistencia de ese abuso. Desde 1988 ha sido trasladado por Boniato, Kilo 8, Villa Clara, el Combinado del Este, Pinar del Río y ahora Holguín. La organización también ha señalado golpizas, amenazas, traslados arbitrarios, negación de beneficios y fabricación de causas penales, una secuencia que revela el objetivo de quebrarlo por desgaste.
A ese cerco se suma el alejamiento de su familia en Guantánamo, que dificulta las visitas y el respaldo en medio de la crisis. En Boniato sufrió una golpiza que lo llevó a tatuarse la palabra “cambio” en la frente como acto de resistencia. Después, la Seguridad del Estado le ofreció libertad condicional a cambio de borrar el tatuaje. Él rechazó la maniobra y recibió nuevas represalias.
Rodríguez Ponce también extendió su denuncia fuera de la prisión. En cartas dirigidas a la Unión Europea cuestionó la hipocresía de organismos internacionales que condenan el embargo estadounidense, pero evitan exigir cuentas al régimen cubano por las violaciones de derechos humanos dentro de la Isla. Su caso resume el presidio político en Cuba: castigo prolongado, abandono médico y represalias contra cualquier gesto de dignidad.
Su vida corre peligro bajo custodia del régimen. Mientras permanezca aislado y sin la atención médica que necesita, la responsabilidad por lo que le ocurra recae sobre las autoridades que controlan la prisión y administran esta política de crueldad contra los presos políticos.
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