La muerte de Joanne Deborah Byron, conocida como Assata Shakur, cierra un expediente que durante décadas funcionó como una piedra en el zapato de la relación entre el régimen cubano y Estados Unidos. La estadounidense, condenada por la muerte de un policía en Nueva Jersey y asilada en Cuba desde los años 80, falleció en La Habana por padecimientos de salud y avanzada edad, según informó la Cancillería cubana.
Su caso volvió a dejar al descubierto la protección política que La Habana le mantuvo durante años, incluso cuando Washington insistió en reclamar su extradición. El régimen prefirió sostener el refugio antes que atender las presiones externas, y convirtió a Shakur en un símbolo incómodo de su respaldo a figuras buscadas por la justicia estadounidense.
La historia arrastra una condena por cadena perpetua dictada tras un juicio polémico, una fuga posterior de prisión y una larga vida en Cuba bajo resguardo oficial. Desde su llegada a La Habana en 1984, la activista desapareció casi por completo del ojo público y apenas habló en 1988, cuando publicó su autobiografía. Su nombre quedó marcado también por la lista de los más buscados del FBI, donde fue incluida en 2005.
El caso siguió vivo aun durante el deshielo entre La Habana y Washington en la era Obama, cuando volvió a salir a flote la exigencia de entregarla. La negativa del régimen no solo blindó a Shakur; también confirmó la disposición del poder cubano a usar el asilo como herramienta política mientras exigía respeto internacional para sus propias denuncias.
Marco Rubio reactivó recientemente ese choque al acusar a La Habana de dar refugio a terroristas y delincuentes, entre ellos prófugos de Estados Unidos. La muerte de Shakur cierra un capítulo, pero deja intacta la evidencia de cómo el régimen cubano protegió durante décadas a una fugitiva condenada por asesinato y convirtió ese amparo en otra línea de fricción con Washington.
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