La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos volvió a cuestionar este viernes las sanciones de Estados Unidos contra Cuba al sostener que violan la Carta de la ONU y el derecho internacional, y que agravan una crisis que golpea la salud, la alimentación y el acceso al agua en la isla.
El pronunciamiento de Volker Türk y de la portavoz Marta Hurtado le da a La Habana un argumento inmediato para presentarse como víctima ante Washington. Pero el mismo sistema de derechos humanos de Naciones Unidas arrastra desde hace años un expediente de alertas sobre represión, presos políticos y ausencia de garantías básicas bajo el régimen cubano.
Ese punto es el que importa de verdad para los cubanos: mientras la ONU reconoce el peso humanitario de las sanciones, sus propios mecanismos han documentado el uso del poder estatal para castigar la protesta, limitar la expresión y sostener tribunales sin independencia real. La carga de la crisis externa no borra la responsabilidad interna del poder en la isla.
Después del 11 de julio de 2021, la entonces alta comisionada Michelle Bachelet pidió la liberación de personas detenidas por ejercer su derecho a reunirse y a expresar sus ideas. También expresó preocupación por denuncias de uso excesivo de la fuerza, incomunicación y procesos sin garantías. A partir de ahí, las advertencias dejaron de ser un gesto aislado y se convirtieron en una línea sostenida de señalamientos contra el aparato represivo cubano.
Desde entonces, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria ha emitido múltiples dictámenes en los que concluye que privaciones de libertad en Cuba fueron arbitrarias y contrarias a la Declaración Universal de Derechos Humanos. En esas opiniones, el organismo ha señalado ausencia de debido proceso, falta de defensa efectiva y uso de tribunales sin independencia, además de la aplicación de figuras penales amplias como “desórdenes públicos” o “sedición” contra manifestantes y opositores.
Esos dictámenes forman parte de documentos oficiales presentados ante el Consejo de Derechos Humanos y abarcan casos vinculados al 11J, además de activistas, periodistas independientes y miembros de organizaciones religiosas o cívicas. La lectura política es clara: el problema en Cuba no se agota en la presión externa, porque el régimen mantiene un patrón interno de castigo a la disidencia y control sobre la vida pública.
A eso se suman observaciones finales de comités de tratados de la ONU que han expresado preocupación por las condiciones de detención, las denuncias de malos tratos, las trabas al derecho de defensa y las restricciones sistemáticas a libertades fundamentales. En el Examen Periódico Universal, varios Estados han recomendado a Cuba garantizar independencia judicial, proteger la libertad de prensa y reformar disposiciones penales usadas contra la oposición y la protesta pacífica.
Organizaciones como Prisoners Defenders han usado ese cuerpo documental para sostener que Cuba acumula desde 2019 el mayor número de casos reconocidos por el mecanismo de detención arbitraria de la ONU, sobre todo después de las protestas de 2021. La ONG afirma que muchas resoluciones agrupan a decenas de personas en un mismo dictamen, lo que apunta a un fenómeno masivo y no a episodios aislados.
En medio de ese balance, la dictadura cubana intentará sacar provecho político de la crítica de la ONU a las sanciones estadounidenses. Pero el expediente internacional también deja otra verdad incómoda para el poder en la isla: mientras exige alivio hacia afuera, sigue acumulando denuncias por represión hacia adentro. La declaración de este viernes no borra esas alertas; las deja otra vez sobre la mesa.
La ONU puede cuestionar el costo humano de las sanciones, y ese debate merece atención. Lo que no desaparece es la responsabilidad del régimen cubano por el hambre, la censura, la persecución política y la falta de derechos que sus propios mecanismos llevan años documentando.
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