El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que apunta directo al corazón de la represión iraní: pide poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y los abusos contra manifestantes pacíficos después de la violenta respuesta del régimen a las protestas iniciadas a finales de diciembre.
La decisión llega tras una sesión especial convocada para examinar lo ocurrido en diciembre y enero en Irán. El texto aprobado deplora la situación de derechos humanos en ese país y describe una represión que ha dejado miles de muertos, entre ellos niños, además de un número elevado de heridos. La magnitud de esa violencia confirma el recurso sistemático del poder a la fuerza bruta para sofocar la protesta ciudadana.
La resolución también exige que nadie sea condenado a muerte ni ejecutado por delitos que no alcancen el umbral de los más graves, ni por supuestos crímenes cometidos antes de los 18 años. Además, reclama que todas las condenas y sentencias penales sean dictadas por tribunales competentes, independientes e imparciales, una demanda que desnuda el carácter arbitrario del aparato judicial cuando queda subordinado al poder político.
El texto prorroga por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y le pide una pesquisa urgente sobre los abusos cometidos durante las protestas recientes. En otras palabras, la ONU intenta mantener la presión internacional sobre un régimen que responde a las manifestaciones pacíficas con ejecución, tortura y desaparición forzada.
La votación dejó claro que el tema sigue dividiendo a la comunidad internacional. La resolución salió adelante con 25 votos de los 47 miembros del Consejo, entre ellos Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Francia, Italia, Japón, México, Países Bajos, España y Reino Unido. Cuba figuró entre los siete países que votaron en contra, junto con China, India, Indonesia, Irak, Pakistán y Vietnam. La posición de La Habana vuelve a colocar al régimen cubano del lado de los gobiernos que blindan la represión ajena y se oponen a cualquier escrutinio serio sobre los derechos humanos.
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