Óscar Manuel Silvera Martínez tomó posesión como presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba después de la salida de Rubén Remigio Ferro, quien permaneció casi tres décadas al frente del máximo órgano judicial. El relevo, aprobado por la Asamblea Nacional y formalizado en la apertura del año judicial, confirma la continuidad de una justicia sometida al poder político.
Silvera no aparece en esa silla como un improvisado. Su carrera comenzó en tribunales municipales y provinciales de Granma, avanzó dentro de la estructura judicial y lo llevó a ocupar la vicepresidencia del propio Tribunal Supremo Popular antes de pasar al Consejo de Ministros. Su ascenso ha sido el de un cuadro moldeado desde adentro por el aparato estatal.
En julio de 2018, con la llegada de Miguel Díaz-Canel al poder, fue nombrado ministro de Justicia. Permaneció más de siete años en ese cargo, en una etapa marcada por el endurecimiento represivo y por el uso del andamiaje legal como herramienta de control. Desde esa posición, Silvera quedó atado a reformas normativas y a un sistema judicial cuestionado por su falta de independencia real.
Uno de los episodios más graves de su gestión fue la intervención del Estado en la masonería cubana. Silvera defendió el llamado “papel rector” del Ministerio de Justicia sobre las asociaciones, amparado en la Ley 54 de 1985, mientras negaba injerencia oficial. En la práctica, el MINJUS avaló la imposición de Mayker Filema Duarte como autoridad masónica, una figura rechazada por amplios sectores de la Gran Logia de Cuba, que lo calificaron de usurpador.
Esa maniobra dejó al descubierto la lógica del régimen: someter cualquier espacio autónomo a su control político. Masones y juristas independientes denunciaron una intromisión directa en una organización históricamente autónoma, con desconocimiento de sus procesos electorales y una crisis interna agravada por la presión oficial. El mensaje fue inequívoco: ninguna asociación civil queda fuera del alcance del Estado.
Silvera también figuró entre los principales defensores del Código de las Familias, llevado a referendo en septiembre de 2022. Presentó la norma como un avance jurídico, pero el proceso se desarrolló en un país sin pluralismo político ni libertades cívicas reales. La discusión legal quedó encerrada dentro de un sistema donde la voluntad ciudadana solo cuenta cuando se acomoda a la línea oficial.
Su regreso al Tribunal Supremo Popular refuerza esa misma línea. Silvera vuelve a la cúpula judicial después de pasar por el Ejecutivo y con una trayectoria construida sobre la lealtad al aparato de poder. En su discurso de toma de posesión, dejó claro ese alineamiento al afirmar que los jueces defenderán la Revolución y el sistema político vigente, una declaración que borra cualquier pretensión de separación de poderes.
El relevo de Rubén Remigio Ferro, asociado a sentencias emblemáticas en procesos de alto perfil político, tampoco abre una etapa distinta. El régimen coloca al frente del máximo tribunal a un funcionario formado y probado dentro de sus propias estructuras, útil para sostener la misma arquitectura de control. La justicia cubana queda, una vez más, en manos del poder que debería limitarla.
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