El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, confirmó que los diez panameños arrestados en Cuba por una acusación de propaganda contra el Gobierno se encuentran en “condiciones apropiadas” y anunció que intenta viajar a La Habana para tratar el caso con las autoridades del régimen. La declaración llega mientras los detenidos siguen bajo control del Minint y enfrentan penas de hasta ocho años de cárcel por unas pintadas críticas contra el sistema político cubano.
Martínez-Acha dijo además que el embajador panameño, Edwin Pitty, ya los ha visitado y que reciben asistencia consular y apoyo legal. El propio canciller dejó claro que busca conversar directamente con el régimen cubano para intentar resolver la situación “en la medida del respeto” a la legislación de la isla, una frase que resume la asimetría con la que La Habana maneja estos casos: detiene, acusa y condiciona cualquier salida a su aparato represivo y judicial.
El expediente es revelador por lo que castiga. Según el Minint, los panameños fueron detenidos por supuestamente elaborar letreros con frases como “Abajo la tiranía” y “Comunismo: enemigo de la comunidad”, además de mensajes de respaldo a Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer. Para la dictadura, una pinta crítica se convierte en delito político. Ese es el punto de fondo: en Cuba, el disenso se persigue como si fuera una amenaza penal y no una expresión de rechazo al poder.
La versión oficial agrega que los arrestados habrían sido captados en Panamá para preparar material “subversivo” y que iban a cobrar entre 1.000 y 1.500 dólares por regresar a su país. Con esa narrativa, el régimen intenta vestir de contrarrevolucionaria una causa que, en esencia, confirma su miedo a cualquier gesto público contra el castrismo. La respuesta estatal vuelve a pasar por el control, la intimidación y la cárcel, no por la tolerancia ni por una mínima apertura al pluralismo.
El caso también deja otra señal incómoda para La Habana: mientras el régimen presume de legalidad, es un gobierno extranjero el que tiene que moverse para verificar el estado de sus ciudadanos y pedir acceso político y consular. Así funciona la maquinaria cubana cuando se enfrenta a críticas: encierra, acusa, limita y luego deja a otros la tarea de negociar lo básico. En una isla donde el castigo al inconforme se ha normalizado, diez extranjeros terminan atrapados en el mismo engranaje de represión que padecen tantos cubanos.
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