El Observatorio de Libertad Académica pidió el regreso inmediato de los maestros y profesores cubanos enviados a Venezuela bajo el Convenio Integral de Cooperación firmado en 2000, en medio de la crisis política que arrastra ese país y de las condiciones en que opera ese personal.
La denuncia coloca otra vez bajo la lupa un engranaje que el régimen cubano ha presentado durante años como cooperación educativa, pero que sus críticos describen como un mecanismo de control político, explotación laboral y exportación de ideología. Leonardo Fernández Otaño, historiador e investigador de OLA-Cuba, habló de “situación de explotación y de trabajo esclavo” y afirmó que muchos docentes han sido llevados para cumplir una tarea de ideologización, no para aportar una enseñanza plural o útil al estudiante.
El observatorio sostiene además que esos colaboradores enfrentan restricciones de movilidad y de comunicaciones impuestas por estructuras de inteligencia cubanas presentes en territorio venezolano. A esa denuncia suma otra sombra persistente: la falta de transparencia financiera y la presunta relación de ese modelo con el intercambio de cargamentos de petróleo hacia Cuba.
Mientras tanto, la narrativa oficial intenta sostener la épica de la misión. Cifras divulgadas por el MINREX aseguran que, mediante la misión “Robinson” y otros programas educativos, más de 1,7 millones de personas fueron alfabetizadas en Venezuela desde el inicio del convenio. La prensa oficial también habla de 2,510 colaboradores fijos y 12,446 educadores en asesorías itinerantes, como balance histórico de la presencia cubana allí.
Pero detrás de esos números permanece el costo humano y político de un sistema que vacía aulas dentro de la isla mientras exporta maestros al exterior. El propio texto reconoce que Cuba arrastra un déficit de 24,000 maestros para el curso escolar 2024-2025, una cifra que retrata el abandono de la educación nacional y la prioridad del aparato estatal por usar a sus profesionales como ficha de propaganda fuera del país.
Fernández Otaño advirtió que cientos de educadores distribuidos por Venezuela también habrían sido utilizados para labores de propaganda política por la inteligencia cubana. El observatorio añade que los materiales escolares exaltan figuras políticas de ambos regímenes y sustituyen la enseñanza plural por una visión única de la historia y la sociedad, exactamente el mismo molde ideológico que el castrismo ha impuesto dentro de la isla durante décadas.
Ante ese cuadro, OLA-Cuba considera insostenible la permanencia de los docentes y exige su evacuación inmediata mediante traslados seguros que protejan su integridad física y garanticen su regreso a casa. El reclamo incluye una exhortación directa a los ministerios cubanos de Educación y de Educación Superior, señalados como responsables de administrar estos intercambios desde sus oficinas de cooperación internacional.
La denuncia deja al descubierto una práctica vieja del régimen: convertir la educación en herramienta de influencia política, sacrificar a sus profesionales y presentar como solidaridad lo que en realidad funciona como control, sometimiento y negocio de Estado.
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